El juicio se había suspendido por dos peritajes pendientes. / DEM
La Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente comenzó ayer la audiencia probatoria en el caso de supuesto enriquecimiento ilícito que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía le atribuye a Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, alcalde de Olocuilta, departamento de La Paz.
Cuando la Fiscalía presentó la demanda civil señaló al funcionario municipal de enriquecerse ilícitamente con $207,252.44, ese monto fue detectado en el estudio que hizo la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde se concluyó que Rodríguez Álvarez, supuestamente, tuvo un crecimiento patrimonial no justificado y lo desglosa en tres irregularidades.
Uno de los señalamientos está relacionado a transacciones bancarias consistentes en depósitos detectados en una cuenta personal de Rodríguez Álvarez y que, según la Fiscalía General de la República, provienen de fondos municipales; ese monto cuestionado es de $71,752.44.
Una segunda anomalía que a Rodríguez Álvarez le hallaron en Probidad, es la compra de siete inmuebles por una cantidad de $82,500, esas propiedades, según la Fiscalía, fueron adquiridas durante su gestión municipal de los años 2006 y 2015.
El tercer cuestionamiento es la diferencia de $53 mil producto de la compra de El Portal; éste es un inmueble que está frente al mercado municipal de Olocuilta. El expropietario, al ser entrevistado por Probidad, dijo que se lo había vendido en el año 2012 en $80 mil, pero en la escritura de compraventa se establece que fue obtenido por el funcionario a una cantidad de $27 mil; esa diferencia de $53 mil es la que se le cuestiona ya que no la declaró como parte de su patrimonio.
El alcalde municipal, por orden de la Cámara, tiene inmovilizadas las cuentas bancarias a su nombre en dos instituciones, además de tres inmuebles que tienen medidas restrictivas impuestas por el Registro de la Propiedad e Hipotecas del Centro Nacional de Registros (CNR).