Más austeridad, más desigualdad y pobreza

En ocasiones anteriores he señalado que la política fiscal es el instrumento con el que cuenta un gobierno para reducir la desigualdad y erradicar la pobreza, para ello pueden hacer uso de impuestos progresivos, así como del gasto público social en áreas como salud y educación. Pero en El Salvador la política fiscal no ha sido utilizada de manera adecuada y por lo tanto ha sido incapaz de contribuir a dichos propósitos, por el contrario, al basarse en la utilización de impuestos regresivos y en un gasto público social insuficiente y poco transparente, su contribución a la reducción de la desigualdad es marginal y en lugar de reducir la pobreza la incrementa. Esto quiere decir que lo que las personas pobres en nuestro país reciben del Estado en concepto de bienes y servicios públicos, transferencias y subsidios es menor a lo que las personas pagan en concepto de impuestos. Esta debilidad estructural de la política fiscal salvadoreña se profundiza año con año con la aprobación de presupuestos públicos basados en la austeridad y que priorizan el pago de la deuda pública por sobre las inversiones sociales. El presupuesto para 2023 no fue la excepción. Este fue aprobado en un contexto de inflación alta y bajos niveles de cobertura de protección social, aun así la mayor partida presupuestaria fue el servicio de la deuda pública, que representó casi una cuarta parte del presupuesto total; pero al mismo tiempo se aplicaron reducciones al ramo de agricultura y al programa de la pensión para los adultos mayores y personas con discapacidad, e incrementos en las asignaciones de recursos para la Secretaria de Comunicaciones y la Secretaria de Prensa de la Presidencia de la República. Además, a lo largo de este año, la Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de "operaciones fiscales” que modifican el presupuesto y no precisamente para fortalecer el gasto social. Estas modificaciones han sido justificadas de manera cantinflesca por las diputaciones de la bancada oficial, quienes en sus intervenciones evidencian su desconocimiento, por no decir manipulación maliciosa, del funcionamiento del presupuesto público. La más reciente de estas modificaciones fue aprobada en plenaria esta semana, con ella se redujeron USD 108.0 millones en diferentes carteras del Estado, la mayor parte de esa reducción fue en la cartera de educación a la que se le redujeron USD 60.5 millones, un completo sinsentido al considerar que más de 250 mil niños y niñas en edad escolar se encuentran fuera de las escuelas. Los ministerios de salud y agricultura también sufrieron recortes por USD 7.4 y 3.2 millones, respectivamente; un absurdo cuando consideramos que en el país 1.9 millones de personas viven en situación de pobreza y la mitad de la población no tiene asegurada su alimentación. La insistencia en reducir el gasto en áreas claves como salud, educación y agricultura pone en evidencia que no hay una conexión entre la forma en que se maneja el presupuesto público y las necesidades de la población, ni tampoco la voluntad política de reducir la pobreza y la desigualdad. La austeridad presupuestaria no solo se evidencia en los recortes mencionados, también se refleja en la eliminación de entidades públicas y la reducción de las asignaciones a los municipios, bajo la narrativa de lucha contra la corrupción y responsabilidad fiscal, pero la forma en la que se han dado estas eliminaciones dista mucho de un rediseño estratégico del aparato estatal. En conjunto, los elementos anteriores son una señal inequívoca de que la situación fiscal continua siendo crítica e insostenible, el gobierno sigue teniendo serias dificultades para acceder a financiamiento y la administración Bukele ha sido incapaz de dar respuestas integrales que les permitan manejar adecuadamente las finanzas públicas y poder mejorar las condiciones de vida de la población. La falta de una estrategia gubernamental clara para abordar los desafíos fiscales no solo agravará la crisis de sostenibilidad de las finanzas públicas. La continuidad de una estrategia basada en la austeridad afectará especialmente a quienes viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, ya que la reducción de recursos se traducirá en una menor disponibilidad de bienes y servicios públicos, lo que limitará aún más las posibilidades de reducir la desigualdad y la pobreza.