¿Legalizar armas irregulares en El Salvador?: esto dicen tres especialistas

La Asamblea Legislativa tiene pendiente de aprobación un dictamen favorable de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia para otorgar 90 días a las personas que en El Salvador tienen armas no matriculadas en el Registro de armas de fuego del Ministerio de la Defensa Nacional conocidas como "armas irregulares". Recientemente el experto en seguridad Ricardo Sosa cuestionó la utilidad del decreto que promueven diputados de Nuevas Ideas, criticando le legalización de armas irregulares "que los ciudadanos tienen en su poder ocultas" y "que han sido adquiridas en condiciones sin cumplir la ley". Por el contrario, un especialista en seguridad consultado por Diario El Mundo que compartió su visión a condición de su anonimato consideró positiva la iniciativa porque implica un control sobre cuáles las armas tienen las personas en el país y, además sostiene que es una manera de recolectar fondos por los pagos de las matrículas. Explicó que en El Salvador el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) contiene una base de datos de casquillos o municiones recuperadas de hechos delictivos además de que, al registrar un arma en el Ministerio de la Defensa Nacional, cada persona debe llevar cuatro municiones para que se guarden los casquillos y balas que se recuperan que se disparan en un tanque balístico, un control que no existe en países con Estados Unidos. Según el especialista debe haber un nivel mínimo de verificación de las armas que serán incorporadas al registro. "Si alguien llega con esas armas, de buena fe, le tendría que ser confiscada ya sea para ser destruida o ser devuelta a sus legítimos dueños", sugirió. "En teoría el sistema debería hacerlo saltar, si tienen buenos peritos al nomás verla van a poder ver si esa arma es robada. Al final, esas armas ahí están y el Estado no tiene control. Con esto, habría un poco más de control", indicó. Dina Martínez, directora de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), aseguró que es necesario garantizar que las armas que se registrarán no hayan sido usadas para cometer delitos que la persona no tenga antecedentes de violencia hacia la mujer ni procesos penales pendientes. MartÍnez sugirió un estudio más amplio para que el control de las armas de fuego "sea a largo plazo", retomando propuestas de reformas de las organizaciones civiles, como limitar la cantidad de armas por persona, prohibir armas a personas con historial violento, exigir examen psicológico, facultar a los concejos municipales a restringir la circulación de armas y al presidente de la República a vedar el ingreso de armas a El Salvador. Según Fespad, en El Salvador, entre junio de 2006 al 30 de abril de 2022, fueron registradas 123,837 armas de fuego de diferente tipo. La representante de la organización exhortó a la transparencia en la cantidad de armas registradas para analizar el impacto del decreto transitorio, así como a realizar una campaña contra el mal uso de las armas de fuego.