La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó su informe anual de la Relatoría de Libertad de Prensa 2018-2019, donde denunció que a casi dos años de haber sido asesinados dos periodistas, sus muertes todavía siguen en la impunidad.
La APES señala que es preocupante la lentitud con la que las autoridades investigan los caso de Roxana Contreras, periodista y expresentadora del canal 29 de Apopa, quien fue asesinada el 22 de agosto de 2017 a manos de supuestos pandilleros mientras hacia su rutina de ejercicios.
Y el caso de Samuel Rivas, quien fue camarógrafo de canal 21, a quién le dieron muerte el 16 de noviembre de 2017, también presuntos pandilleros.
“Nos preocupa la lentitud con la que las autoridades investigan algunos asesinatos y dejan en segundo lugar otros; desde la APES consideramos importante que las autoridades judiciales investiguen los casos con la misma prioridad y, permitir así, identificar las causas de los asesinatos que aún quedan en la impunidad”, manifestó Angélica Cárcamo, relatora de la APES.
Asimismo, la APES denuncia desplazamiento forzado, en el caso de un fotoperiodista quien huyó del país debido a amenazas que le hizo un grupo de pandillas por su labor, por lo cual se vio obligado a abandonar el país y buscar la condición de refugio . De acuerdo al informe la falta de apoyo por parte de la Fiscalía General de la República hace que sea más difícil lograr dicha condición.
Entre marzo 2018 a mayo 2019, la APES registró en total 18 agresiones a periodistas de los cuales, la Policía Nacional Civil tiene cuatro denuncias, la Fiscalía General de la República una, grupos de pandillas, el cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y personas naturales, tienen una denuncia respectivamente.
Mientras que fueron denunciados como agresores en dos ocasiones simpatizantes de partidos políticos, en cuatro no se determinó quien era el atacante y en dos ocasiones más periodistas afirmaron ser atacados en redes sociales.
Otras denuncias que recibió la APES, fueron por acoso laboral, intimidaciones, agresiones físicas y restricción al ejercicio periodístico, además de violencia de género.