La Comisión Política sesionará este martes 11 de noviembre a las 11:00 de la mañana para estudiar y decidir si emite un dictamen favorable para la aprobación de la nueva ley. No descartan una sesión extraordinaria. / DEM
El anteproyecto de Ley de Reconciliación, remozado y presentado este miércoles por Arena, PCN y PDC a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, propone que los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en el conflicto armado sean sancionados con “una pena que oscile entre la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión”.
Según el proyecto, estas penas míminas serán aplicables y también conmutables a los procesados que reconozcan su grado de participación, pidan perdón a las víctimas y colaboren con el esclarecimiento de los crímenes.
En su primer proyecto de ley, los tres partidos no proponían penas mínimas ni conmutación; solo planteaban que las personas mayores de 65 años o con enfermedades inhabilitantes podían recibir “medidas cautelares o la pena de trabajos de utilidad pública” como condena por los crímenes.
En el nuevo proyecto de ley, a diferencia del borrador inicial, los partidos no incluyeron el plazo de cinco años para el inicio de las acciones de investigación y juzgamiento, que iba a ser ampliado por dos años, algo que planteaba el proyecto anterior.
De hecho, en el nuevo proyecto expone que el fiscal del caso y el fiscal superior podrán ordenar que un expediente de investigación sea enviado al archivo si, una vez “transcurridos los primeros seis meses de la presentación de la denuncia, considera que los hechos denunciados no constituyen crimen de lesa humanidad o de guerra”.
Sin política de persecución
A diferencia del anteproyecto inicial, diputados de los partidos Arena, PCN y PDC no incluyeron el plazo de un año que otorgaban a la Fiscalía General de la República para que aprobara una política de persecución penal para perseguir y sancionar los crímenes de guerra y lesa humanidad.
En el artículo 5 del nuevo proyecto de ley, los tres partidos solo reconocen que la Fiscalía “será la entidad encargada de la investigación de los delitos señalados en la presente ley” y que contará “con el apoyo de tecnología y equipos de profesionales idóneos, tanto del ámbito nacional como internacional”. El plazo para aprobar la ley vence el 13 de noviembre.
