Política

Asamblea no removerá a familiares de diputados

Gabriela Villarroel

jueves 9, enero 2020 - 12:03 am

La Asamblea Legislativa no despedirá ni levantará procesos sancionatorios en contra de trabajadores de la institución que son familiares de diputados, por restricciones de ley y sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó ayer el presidente legislativo, Mario Ponce.

“No puedo remover a nadie, no puedo destituir a nadie porque hay leyes laborales que cumplir. Los jueces me sancionan que yo pague los salarios caídos de mi bolsillo si yo los despido”, respondió Ponce ante los cuestionamientos de la prensa por las contrataciones que privilegian a familiares de diversos grados de consanguinidad y socios de diputados.

Las declaraciones se dan después que una investigación del periódico digital El Faro señaló al diputado de Gana, Guillermo Gallegos, de tener a 10 parientes trabajando en la Asamblea; y publicaciones de El Diario de Hoy que vinculan a una hermana de Donato Vaquerano, de Arena; y exdiputados del FMLN como Lorena Peña y Roger Blandino Nerio, contratados como asesores.

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El presidente legislativo aseguró que “esta es solo la punta del iceberg” de las contrataciones en todo el Estado, pero no puede realizar despidos por impedimentos jurídicos y derechos laborales adquiridos por los empleados, que se han sindicalizado.

Ponce, que ingresó como diputado suplente en 1997 por el PCN, admitió que “desde que llegué a la Asamblea conozco de esto (nepotismo)” y que nada más hay que “moverse por todos los pasillos” para darse cuenta; sin embargo, añade: “Es difícil conocer cuántos familiares de diputados hay contratados”.


El presidente legislativo reveló que su predecesor, Norman Quijano, despidió a 200 personas en su legislatura; sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo le ordenó reinstalar a 10 empleados. De estos, añadió, todos pertenecen a partidos políticos y obtuvieron aumentos de sueldo de más de $500, debido a que Quijano no podía cumplir con la sentencia de reintegrar el salario equivalente a tres meses que ordenó la Sala. Al cuestionar sobre las identidades y partidos para los que trabajan las personas restituidas, Ponce se rehusó a revelarlos y dijo que “es labor del periodista” averiguarlo.

 




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