La reforma al decreto de emergencia nacional permitió que el Gobierno hiciera compras directas relacionadas a las urgencias contra el Covid-19. / DEM
Cada 30 días el Gobierno salvadoreño deberá rendir un informe a la Asamblea Legislativa sobre los bienes y servicios que ha comprado de manera directa en la emergencia contra la propagación del Covid19, una pandemia mundial causada por el coronavirus.
El informe deberá contener los datos del proveedor y el monto erogado, de acuerdo al nuevo artículo 13 del decreto legislativo 593 de “Estado de emergencia nacional de la pandemia por Covid-19”.
La exigencia fue realizada ayer a la propuesta original presentada por un grupo de diputados de todos los partidos, a petición del Gobierno.
Inicialmente el decreto exigía al Gobierno únicamente la presentación de un informe completo, pero hasta 30 días después de terminada la emergencia por el coronavirus.
La situación podría normalizarse hasta junio o julio, de acuerdo a una entrevista publicada en Diario El Mundo al epidemiólogo salvadoreño Alfonso Rosales, es decir, en dos o tres meses.
Un segundo cambio de última hora al decreto fue la inclusión de los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública a todas las contrataciones realizadas durante la emergencia nacional.
Estos principios, de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas, pretenden garantizar la entrega de información pública a cualquier ciudadano.
La reforma
De acuerdo al diputado Guillermo Gallegos, de Gana, la reforma pretendía la compra de ventiladores artificiales, necesarios para el tratamiento de una proporción de pacientes que presentan la forma severa del Covid19, ya que uno de los síntomas que más les afectan es la dificultad respiratoria.
La compra se harán a una empresa brasileña que, dijo, estaba solicitando una anticipo en el pago. El decreto también menciona medicamentos y otros insumos médicos que se podrían adquirir, todos sin ningún tipo de impuesto.
