La Ley de Usura, que entró en vigor en el año 2013, protege a los usuarios de intereses o comisiones excesivas a partir del establecimiento de tasas de interés máximas. No obstante, el mecanismo de cálculo fue cuestionado desde el principio por Asomi debido a que la metodología para otorgar microcrédito implica costos más altos frente a los que posee un banco, recordó el presidente del Comité de Incidencia de Marcos Regulatorios y Políticas Públicas de Asomi, Jorge Peña.
Previo a este marco legal, la gremial llegó a reportar hasta 85,000 clientes en el año 2012, una cifra que comenzó a decrecer tras la entrada en vigor de la ley.
“Ya hay algunas microfinancieras que ha ido decreciendo su cartera de crédito en algunos segmentos porque la tasa de interés no es la apropiada para garantizar la continuidad de seguir trabajando en ese esquema”, afirmó Peña.
Uno de estos casos, prosiguió, es el de los créditos para construcción, compra, remodelación o reparación de vivienda, donde han reportado caídas de hasta un 50 % en la cartera de algunas microfinancieras que, en comparación a un banco, cobran una mayor tasa de interés por la naturaleza del microcrédito. “La ley lo que ha venido a hacer es amarrarnos”, apuntó.
Las reformas que se estudian para la Ley de Usura en la Asamblea Legislativa no mejoran las expectativas de las microfinancieras. El cambio sustancial de la ley, que consiste en modificar la forma en que se calculan las tasas de interés máximas al usar una tasa ponderada en lugar de un promedio simple, restringirá aún más al sector, que ya ha sido impactado no solo con la reducción de su cartera de clientes, sino también con un incremento de costos y un margen de utilidad más bajo.
Peña recalcó que Asomi no se opone a tasas de interés más bajas para los usuarios ni a ser regulados, pero señaló que es necesario reconocer las características particulares de este sector. Por ello, dijo, propondrán la creación de una Ley de Fomento a las Microfinancieras que regule a instituciones como las de esta gremial mediante una instancia especial.
En este punto, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Óscar Cabrera, comentó que esperan aclarar el punto de microfinanciamiento con las reformas que se analizan en la asamblea.
“El BCR solicitaba que el tema específico de las microfinanzas se evaluará por medio del BCR a través de una norma específica”, aseguró.
2.2 % Reducción
El número de clientes atendidos por las microfinancieras se redujo en un promedio anual de 2.2 % en dos años y medio.
50 % Menos créditos
Asomi señaló que en algunos segmentos de microcrédito como vivienda, se han reportado caídas de 50 % en otorgamiento.
Destacan retos para la inclusión
La última edición del informe Microscopio 2015, elaborado por Economist Intelligence Unit y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), destacó algunos desafíos para la inclusión financiera en El Salvador. En la última edición, el país bajó tres posiciones respecto a los resultados de 2014 y compartió la posición 26 de 55 países con Tailandia.
Según el estudio, pese a la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera en 2015, aún hay pocos esfuerzos de entidades públicas para “entender” los tipos de productos y servicios que necesitan las personas de más bajos ingresos en el país, lo cual es considerado como “una omisión que representa una brecha de información crítica en la vía hacia la inclusión financiera”.
El documento muestra además que habrá desafíos en lo que concierne a la implementación de la ley, para lo cual se necesitan reglamentos específicos. El Banco Central de Reserva (BCR) ha estimado que dichas normativas estarán listas este mes.