La Cámara ordenó ayer que Nicola Angelucci, sea puesto en libertad y goce de medidas. / DEM
La Cámara Tercera de lo Penal, anuló la condena de diez años que el Tribunal Tercero de Sentencia impuso al expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) y de la Asociación Infocentros, Nicola Ernesto Angelucci Silva, así como la sentencia absolutoria dictada a favor de Sigfredo Armando Figueroa Salinas.
Los magistrados del tribunal superior han ordenado un nuevo juicio para ambos acusados de peculado y negociaciones ilícitas. En el caso de Angelucci se ha resuelto que cese la detención en la que se encuentra desde el 12 de marzo de 2019 y que pase a cumplir las medidas sustitutivas que tenía desde la etapa de instrucción.
La Cámara anuló la sentencia mixta que el Tribunal Tercero de Sentencia emitió por considerar que los jueces hicieron una errónea interpretación al absolver por delito de negociaciones ilícitas al expresidente del Banco Multisectorial de Inversión (BMI); señalan además una infracción a las reglas de la sana crítica en la condena del ilícito de peculado; igual argumento para dejar libre de cargos al exdirector de Infocentros, Armando Figueroa Salinas.
La nueva vista pública será realizada por un tribunal de sentencia de San Salvador que sea designado automáticamente por la Oficina Distribuidora de Procesos del Centro Judicial Isidro Menéndez de la capital. En el juicio se conocerán los hechos que según Fiscalía fueron cometidos entre los años 2002 al 2009, tras una denuncia por las supuestas anomalías encontradas.
La sentencia anulada fue una decisión que el Tribunal Tercero de Sentencia emitió por mayoría con los votos de los jueces Wilfredo Hernández y Rosa Delmy Hernández Ávalos, la presidenta Heysel Peraza, razonó su voto y dijo que Angelucci tuvo que ser exonerado.
En esa sentencia los tres jueces se preguntaron: ¿qué fue lo que pasó con el resto de la junta directiva? Les causó extrañeza del por qué la Fiscalía solo investigó a Nicola Angelucci, y que donde quedaron los demás directivos y encomendaron al Ministerio Público investigar al resto de directivos que estuvieron al frente del BMI entre los años 2002-2009.