La Cámara Especializada de lo Penal ha resuelto que el proceso en contra del exfiscal general Luis Martínez, el exjefe de Intereses del Estado, Julio Arriaza y de los abogados Héctor Francisco Grimaldi Membreño y Luis Peña, no es crimen organizado y ordena que los imputados deben ser enjuiciados en el Tribunal Tercero de Sentencia y no por el Juzgado Especializado de Sentencia “B”.
Los magistrados del tribunal superior han dicho que no se está frente a un caso de crimen organizado, sino un proceso donde diferentes personas intervienen en un hecho y lo califican como una acción de coautoría.
En esta causa penal la Fiscalía acusa a los imputados de haber fabricado prueba falsa para judicializar casos en los tribunales y, supuestamente, favorecer a los empresarios prófugos, Enrique Rais y su sobrino Hugo Blanco Rais.
La resolución de la Cámara tiene una serie de antecedentes que la defensa de Grimaldi Membreño ha cuestionado; en un primer momento la jueza especializada de Sentencia “B”, dijo que no se trataba de un caso de crimen organizado sino que advertía la existencia de una complejidad procesal y que estaba apta para conocer del caso, y que además había intervenciones telefónicas.
Ante esa afirmación de la jueza, los abogados alegaron una “excepción de incompetencia en razón de la materia” ya que no podía conocer de la causa penal solo por la complejidad procesal ya que la Sala de lo Constitucional ha resuelto que además de la complejidad procesal debe haber crimen organizado, es decir, que los dos elementos son necesarios; sin embargo, la funcionaria judicial solo manifestó que había uno.
Un proceso que tiene más de tres años de andar por diversos tribunales
El 28 de agosto de 2016, la Fiscalía General de la República comenzó este caso en el Juzgado 7o. de Paz de San Salvador, acusando a los empresarios Enrique Rais y su sobrino Hugo Blanco Rais, el abogado Ernesto Gutiérrez, el exjuez 9o. de Paz Romeo Aurora Giamattei y el exjuez suplente 9o. de Paz Mauricio Antonio Álvarez. Estos cinco imputados son prófugos y en la audiencia preliminar fueron separados del proceso.
Los delitos acusados surgen, supuestamente, cuando el empresario Enrique Rais, con la ayuda del exfiscal general Luis Martínez, fabricaron prueba falsa para acusar a Claudia María Herrera, esposa de Mario Calderón, exabogado de Rais.
En la audiencia preliminar el Juzgado 8o. de Instrucción envió a juicio a Luis Martínez junto a los otros tres abogados y el caso llegó al Tribual Primero de Sentencia de San Salvador, pero luego fue enviado al Juzgado Especializado de Sentencia “B”.