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El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) exigió a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar si hay un uso indebido de fondos públicos y posible comisión de enriquecimiento ilícito dentro de la Asamblea Legislativa, tras divulgarse casos de nepotismo y plazas fantasmas.

Recientes publicaciones periodísticas indicaron que más de 10 parientes del diputado de GANA Guillermo Gallegos fueron contratados en el Órgano Legislativo. Asimismo, la semana pasada, el jefe de fracción del PCN en la Asamblea Legislativa, Antonio Almendáriz, reconoció que la exdiputada Cristina López cobró un salario de $2,000, pese a encontrarse en Estados Unidos.

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La asociación también instó a la Asamblea Legislativa que, en un plazo no mayor de tres meses, realice una auditoría externa en la que se determine el número real de plazas con las que debe funcionar en la Asamblea y aquellas que resulten "innecesarias" sean suprimidas, respetando los derechos de las personas.

Además, solicitó al Tribunal de Ética Gubernamental a que haga cumplir la Ley de Ética Gubernamental sancionando a quienes avalaron las contrataciones irregulares y contra todo aquel empleado público que recibe un sueldo sin realizar una labor para ello.

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El CEJ también exigió a los partidos políticos a que, de forma voluntaria, hagan una "depuración a la planilla pagada con fondos de los contribuyentes". Al mismo tiempo, pidió al pleno legislativo aprobar cuanto antes el proyecto de Ley de Función Pública, regulando el ingreso y la permanencia en el servicio civil, "con base en méritos e idoneidad para los cargos".

El pasado miércoles, el fiscal general de la República, Raúl Melara, afirmó que a la FGR no le corresponde investigar casos de nepotismo, ya que no está tipificado como delito en el Código Penal.

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