Política

CIDH urge repatriación de varados y señala violación de derechos

Gabriela Villarroel

viernes 22, mayo 2020 - 4:26 pm

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Gobierno de El Salvador garantizar la repatriación de los varados por la pandemia de COVID-19, por considerar que se violan sus derechos a la nacionalidad y a la salud al negarse su ingreso al país.

El presidente de la CIDH, Joel Hernández, asegura que el Gobierno salvadoreño debe facilitar el retorno de los connacionales varados, además de implementar medidas urgentes a través de consulados para garantizar su salud e integridad, así como sus necesidades básicas.

"Los nacionales salvadoreños que se encuentran fuera de su patria están bajo la tutela del Estado salvadoreño y también frente a ellos deben de actuar con debida diligencia para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal", dijo Hernández durante el foro "salvadoreños varados en el exterior en el contexto del COVID-19", organizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

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Para el titular de la CIDH, los varados están en una "situación de riesgo", y la mejor manera de salvaguardar su integridad y salud "es estar de regreso a su patria". Este es un "deber del Estado" por los tratados ratificados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece en su artículo 12 que las personas tienen derecho a regresar a sus países de origen.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, informó que a solicitud de la junta directiva del organismo se está monitoreando la situación de los salvadoreños varados en diversos puntos del mundo, especialmente aquellos en Guatemala y Honduras. Esto, desde que el Gobierno declinara hacer repatriaciones al inicio de la emergencia.


"El Gobierno ya había declarado que no haría repatriaciones y su postura cambió", dijo Abrao. La CIDH observó que se iniciaron procesos de repatriación hasta el pasado 1 de mayo y tras las protestas de grupos de personas varadas, con un plan que llevará 14 semanas.

Desde que inició el plan, alertó el secretario de la CIDH, "hemos observado la repatriación de solo 75 personas y no están recibiendo ayuda integral del Gobierno, solo generando una vulneración de sus derechos en el contexto de la pandemia". Según la PDDH, hay al menos 4,500 salvadoreños fuera del país.

La retórica de la Presidencia frente al ingreso de salvadoreños, sin embargo, no ha cambiado. El presidente de la República, Nayib Bukele, declaró en conferencia de prensa el pasado martes que "no traemos a todos los varados porque son demasiadas personas".

"Traemos a 250 personas en un avión y tres o cuatro tienen coronavirus, más personas se van a infectar, ¿cuántos van a morir?", respondió a periodistas que lo cuestionaron sobre el tema.

Abrao dijo que los varados sufren riesgo de sufrir violación de su derecho a la salud "en una situación de mayor vulnerabilidad porque no pueden acceder al sistema nacional de su propio país". Esto afecta, además, el principio de igualdad y no discriminación, consagrado en la Constitución de la República.

Falta información, según PDDH

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, considera que el plan del gobierno para facilitar el retorno de los salvadoreños, a pesar de ser una orden de la Sala de lo Constitucional, tiene deficiencias serias.

Sin plazos definidos para repatriaciones prioritarias, datos de salvadoreños varados, perfiles por país y necesidad, o siquiera el número de retornados, "se dificulta aún más cumplir con la resolución de la Sala", afirmó.

El ombudsman también reprochó la postura de Bukele al señalar que no se permitirá el ingreso de algún salvadoreño que haya resultado positivo con el COVID-19. El Estado, indicó, "tiene la obligación de brindarles la atención médica a estos compatriotas en el país".





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