El régimen de excepción permite restringir la libertad de circulación a los salvadoreños para evitar el Covid-19. / D. García
Declarar inconstitucional el estado de excepción para contener el coronavirus y ordenar restablecer la consulta médica externa en los hospitales son dos peticiones que hacen diferentes ciudadanos que piden la intervención de la Sala de lo Constitucional.
La Sala de lo Constitucional deberá definir si admite o no una demanda que pretende que esta instancia judicial le ordene al Ministerio de Salud y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) restablecer la consulta externa, pues argumenta que el decreto 594 no le avala suspender el derecho a la salud.
“Es inconstitucional estar sacando resoluciones en contra del derecho a la salud cuando se pretende proteger el derecho a la salud con el decreto 594”, reza la demanda.
El ciudadano objeta que las autoridades de estas instituciones hayan suprimido la consulta externa y señala que lo hicieron forma arbitraria, “utilizando como pretexto la emergencia y el estado de excepción”.
Esto lo hace argumentando que la limitación de derchos constitucionales en un régimen de excepción no debe incurrir “por hechos discriminatorios”, ya que negar la consulta externa es limitar los “derechos de los enfermos de la red pública de hospitales”.
Esta es una de las cinco demandas interpuestas desde el domingo pasado contra el régimen de excepción decretado por la Asamblea Legislativa.
El régimen de excepción suspende los derechos de los salvadoreños a transitar libremente a reunirse y a no cambiar de domicilio, con el fin de contener la propagación del Covid-19, una epidemia mundial provocada por el coronavirus en El Salvador. Para proteger la salud, dice la demanda, no se necesita suspender el derecho a la circulación, ni a reunión, ni al desplazamiento a la morada.
Cuestionan por qué el Gobierno no declaró una emergencia por la muerte de 9,000 salvadoreños de insuficiencia renal crónica ni por el contagio de 36,208 personas del sida.
Otras demandas
Otros ciudadanos rechazaron el decreto del régimen de excepción, que pretende darle un aval constitucional al Gobierno para retener a los salvadoreños que puedan portar el coronavirus.
Herberth Danilo Vega, quien pide suspender los efectos del decreto, argumenta que el procedimiento legislativo debe garantizar el debate y la transparencia.
“No se supo las razones o las justificaciones por los cuales 25 diputados votaron en contra y 1 diputado se abstuvo de votar o a favor o en contra de la aprobación”, señala.
La demanda interpuesta el domingo contra el decreto 594 expone irregularidad por la votación de los diputados suplentes y desproporcionalidad de las medidas.
El decreto 594 inició su vigencia el domingo 15 de marzo: suspende los derechos de circulación, reunión y de no cambiar el domicilio.
El decreto 593, el Estado de emergencia nacional, que permite restringir la libre circulación en lugares específicos e imponer la cuarentena obligatoria, inició su vigencia el sábado 14 de marzo.
