El 1 de mayo de 2021 el presidente Bukele terminó lo que inició el 9 de febrero de 2020 cuando entró a la Asamblea Legislativa con el Ejército: un régimen autoritario que busca concentrar el poder y borrar la oposición. Logró destituir a los únicos órganos que podían controlar y ponerles límites. En un acto totalmente ilegal, la “bancada cyan” destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, y nombró, en una noche sin análisis ni debate, a seis personas que están usurpando dichos cargos.


Sin Sala y sin fiscal, los ciudadanos no alineados con el régimen corremos el riesgo de persecución política y venganza. Ya no hay institución que pueda defendernos ante abusos de poder. Todo esto lo avisamos con tiempo, durante años, en las campañas presidencial y en la legislativa, en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero muy pocos quisieron creernos y decidieron apoyarlo, no solo con su voto, sino con financiamiento, moviendo los hilos en las instituciones para que alguien con expedientes abiertos y con un historial oscuro se lanzara a la presidencia. Quizá no hicimos lo suficiente y tenemos parte de culpa. Mucha gente sigue creyendo en el discurso vacío de un proyecto sin visión, que solo pretende drenar los recursos del Estado. Hay tanta hambre de comida y sed de venganza que están dispuestos a perder su libertad y dejar que los gobierne un régimen autoritario. Son los mismos arrepentidos que apoyaron a Saca y Funes y que ya están viendo materializadas las consecuencias de su decisión en despidos en las alcaldías.


Varios altos funcionarios y políticos tuvieron la posibilidad de frenar el descalabro de la democracia en El Salvador, pero no lo hicieron por sus propios intereses. El primero fue Ernesto Muyshondt. Él tuvo en sus manos pruebas para poder denunciar todos los actos ilegales e indicios de corrupción en la Alcaldía de San Salvador, como el Mercado Cuscatlán o el contrato millonario de videovigilancia. Pero decidió callar y acercarse al presidente, tratando de explotar durante la campaña 2021 su foto “codeándose con Bukele”, según él para comprometer al presidente para que le cumpliera su deseo de “dejarle” ser candidato presidencial en 2024. Pero Neto quedó como un tonto útil. Hoy no puede revelar nada porque quedaría evidenciada su complicidad. El segundo fue el ex fiscal Raúl Melara. Este funcionario no fue al fondo de ninguna investigación de corrupción o de incumplimiento de la ley que señalara al presidente o a alguno de sus funcionarios. Oportunidades tuvo. Durante la pandemia muchos de los fondos asignados para el combate del COVID, el rescate económico y para la compra de insumos han sido mal utilizados y no ha habido rendición de cuentas. Pero hubo actos tan evidentes que el fiscal pudo utilizar de oficio para detener la erosión de la institucionalidad que se venía: no pago del FODES durante casi un año, el intento fallido de golpe del #9F, entre otros. Pero el fiscal decidió “llevar la fiesta en paz” quizá con la esperanza de obtener la gracia del presidente para su reelección. Todavía recuerdo cuando dijo que no encontraba indicios de ningún delito cometido el #9F. Ahí están los resultados. La PNC y el Ejército también pudieron, pero fueron comprados con bonos, uniformes, mayor presupuesto y promesas. El director de la PNC se negó sistemáticamente a llevar con apremio a ministros que fueron citados varias veces por la Asamblea Legislativa para rendir cuentas, llegando a interpretar la ley cuando eso no le corresponde. Además, en el allanamiento al ministerio de salud obstaculizaron la labor de la fiscalía, convirtiéndose en una fuerza policial al servicio del régimen. El Ejército tiene al frente a una persona que juró lealtad, no a la Constitución y a la Patria como debe ser, sino al presidente dejando así de cumplir sus funciones constitucionales.


Algunos medios de comunicación se prestaron al juego del régimen con tal de ganar contratos de publicidad durante la campaña y dando espacios para esparcir mensajes de odio o magnificando obras inexistentes. Fueron cómplices y lo siguen siendo al invitar y reconocer como legítimos a las personas que usurpan los cargos en la Sala y la Fiscalía. Paralelamente, la comunidad internacional no reaccionó como se esperaba ante el intento de golpe del #9F y quisieron pasar la página continuando con su trabajo. Llegaron a la incoherencia de dar premios a los periodistas que eran reprimidos por el régimen y al día siguiente estar sentados con los opresores. Hoy por fin hay una reacción a la altura desde las sedes porque las oficinas nacionales se resisten a expresarse en contra. Los ciudadanos esperamos que hagan algo más que comunicados pues ante la usurpación de la Sala y de la Fiscalía son nuestro último amparo.


Por último, quienes cargan con la mayor responsabilidad de todo lo que está pasando es la oposición tibia y ambiciosa porque a pesar que el presidente intentó un golpe el #9F, no hicieron nada. Por el contrario, le aprobaron todo el dinero que quiso, se conformaron con citar a ministros y director de la PNC a declarar en comisiones estériles. Ellos debieron tomar medidas drásticas porque cualquiera que asalta un poder con las armas no se conformará, y si puede volverá a hacerlo. Tampoco hicieron nada por mejorar la imagen de la Asamblea Legislativa y siguieron nada más respondiendo a la agenda del presidente, como si el país no tuviera problemas acumulados de más de 30 años que debieron resolver y leyes engavetadas importantes. Lo peor de todo es que cayeron en la trampa de Bukele quien les prometió dinero de los préstamos para sus alcaldías. Entonces hicieron como si nada grave hubiera pasado, se conformaron con un pronunciamiento público e hicieron campaña con ello. Su ambición los mató y nos llevó de encuentro a todos.