De la misma forma que se creó el FERRE, los Órganos de Estado (Ejecutivo y Legislativo) acordaron crear el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana para ejercer una tutela de la transparencia en la administración y ejecución de los recursos que conforman el FERRE. El Comité no sustituye ni a la Fiscalía ni a la Corte de Cuentas, sino desde una óptica de independencia publica información sobre el uso y manejo del dinero de toda la población. Es por ello que en cumplimiento de su mandato el Comité presentó su tercer informe, que desde el día de su presentación está disponible para que cualquier ciudadano y funcionario lo pueda consultar.
La principal conclusión de este informe es que el mecanismo establecido por Ley para el funcionamiento del FERRE no se ha cumplido. Por ejemplo, el Decreto Legislativo 608 creó una Junta Directiva del FERRE conformada por cinco ministros y un coordinador nombrado por el Presidente de la República. Esta Junta es la encargada de elaborar los planes y definir las prioridades sobre cómo usar esos USD2,000 millones. Con base en ello, el Consejo de Ministros debía elaborar un presupuesto extraordinario que tenía que ser aprobado por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada, asegurando los pesos y contrapesos del Estado. Una vez aprobado los recursos, esta Junta era quien iba a administrarlos y debía definir los mecanismos de auditoría de estos fondos. Una conclusión del Comité es que no existen actas que demuestren que esta Junta Directiva se haya reunido y por lo tanto haya cumplido con sus obligaciones.
La disponibilidad de recursos asociada con el FERRE ha sido de USD 999.3 millones. De ese total, el 70.5% provienen de nuevo endeudamiento y el resto de recortes a otras partidas de egresos, en particular del servicio de la deuda y el financiamiento para proyectos sociales (recortes al subsidio del gas propano y al programa del combate de la pobreza del FISDL).
A pesar de que el FERRE solo se debe usar para atender la emergencia y la recuperación y reconstrucción económica, USD107 millones, con el aval de la Asamblea Legislativa, se usaron para otros propósitos. Además, distinto a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 608, el principal canal para movilizar los recursos fue el FOPROMID, al que se le asignaron USD 607.1 millones A diferencia del FERRE, el FOPROMID es un mecanismo con amplia discrecionalidad, pues en su manejo no aplica la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y se ha utilizado para hacer transferencias entre distintas instituciones sin intervención de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, a través de Ley de la República se habían asignado USD 219.3 millones directamente para el FERRE, sin embargo, el Ministerio de Hacienda, por medio de un Acuerdo Gubernativo restó el 89.3% de esos recursos, para reponer gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y Obligaciones Generales –que previamente fueron destinados al FOPROMID–, sin que exista evidencia de que el Ministro de Hacienda haya contado con la autorización de la Junta Directiva del Fondo de Emergencia o de la Asamblea para hacer ese movimiento de recursos.
Al no haberse cumplido lo que establece el Decreto Legislativo 608, el efecto más visible es una tendencia hacia la centralización de las decisiones y la ampliación de facultades en el Ministro de Hacienda (desplazando a la Asamblea Legislativa y la Junta Directiva del FERRE), la inaplicación de la LACAP y la elusión de las obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas en la administración y ejecución de los recursos. Por ello, la recomendación más importante es que todo el manejo de recursos relacionado con el FERRE se haga tal como lo establece la Ley que lo creó.