Sin embargo, la búsqueda de la verdad, el recabar pruebas y analizarlas con base a criterios técnicos, no solo permite determinar responsabilidades e individualizarlas, forma parte de un proceso eminentemente técnico, que debe mantenerse separado de lo político, aunque eventualmente impacte en este, al dejar en evidencia lo que se hizo mal, y los costos que para nuestro país han tenido la arbitrariedad, la corrupción y el uso desmedido del poder gubernamental, en contravención de las mismas normas jurídicas que lo justifican y a las que debe su existencia.
Esta prisa por llegar a conclusiones predeterminadas es lo que se ha evidenciado en los últimos días.
Tanto en la Comisión Especial que desde el parlamento investiga los sobresueldos de los más altos funcionarios de pasadas administraciones, como desde la Fiscalía General, se actúa de manera que la opinión pública extraiga sus conclusiones no de las pruebas –pues aún no se ponen a su disposición–, sino de la contundencia de las acusaciones y la violencia de las detenciones realizadas.
Esto, actuar con base a los hechos y no al Derecho, es lo que caracteriza a los gobiernos autoritarios, demasiado urgidos de hacerse querer por la magnitud del poder del que hacen uso y no de las razones que justifican ejercerlo. Así, es más fácil condenar a una persona que durante su interrogatorio es tratada con desprecio y arrogancia, que convencer a las audiencias con base a documentos y elementos de juicio, que comprueben sin lugar a duda la necesidad de su comparecencia.
Lo mismo con las detenciones de los compañeros de viaje en el gobierno de Mauricio Funes.
Mostrarlos con esposas y rodeados de agentes policiales usando pasamontañas y portando armas de asalto, reproduce en los hogares salvadoreños una idea de peligrosidad que los detenidos ni siquiera poseen, ya que en su mayoría se trata de personas mayores, que ni siquiera podrían correr para evadir su captura.
Pese a lo anterior, se les humilla, se les maltrata y se olvida que la condena definitiva es competencia de los jueces, no de fiscales y mucho menos del ministro de Seguridad, quien también tuvo su minuto de fama durante la “puesta en escena” del viernes pasado.
De esas detenciones y de las comparecencias legislativas se extraen ahora conclusiones apresuradas, que aún no ha sido posible comprobar, pero que el Presidente de la República y sus allegados se dedican a difundir en redes sociales y entrevistas: que los magistrados de la Sala de lo Constitucional solían recibir dineros de la Presidencia, que los directores y editores en medios de comunicación se reunían con un exsecretario de Prensa que comprometió su independencia editorial y que la gobernabilidad era comprada a los partidos políticos en la oposición, gracias a la entrega de miles de dólares de los fondos reservados de Presidencia.
Algunos de estos señalamientos se conocieron hace tiempo, gracias al periodismo de investigación que, siguiendo un método riguroso, identifica en sus reportajes a los implicados, añade las pruebas de lo que se afirma y deja un rastro claro de las redes de corrupción que existen en nuestro país, desenmascarando a los responsables, y respetando la honorabilidad de quienes no tienen ninguna participación en todo esto.
Y es que la lucha contra la corrupción es una obligación de las autoridades y la recuperación de los dineros mal habidos le permite a la administración demostrar que el saqueo tiene consecuencias, y que la impunidad no es posible cuando hay autoridades dispuestas a cumplir con su deber.
Pero todo esto se hace con base en la ley y no al margen de esta, sin comprometer la presunción de inocencia de los detenidos ni la credibilidad de personas inocentes y menos cuando son mencionadas por un expresidente experimentado en transar.