La Corte de Cuentas de la República (CCR) abrió el pasado 11 de octubre un expediente en contra de los expresidentes de esa institución, Gregorio Sánchez Trejo, Rosalío Tóchez y Johel Valiente por pagos y contrataciones irregulares, mientras dirigieron el ente que controla el buen uso de los fondos públicos.

La Dirección de Auditoría Uno de la Corte encontró 12 hallazgos de la administración de Trejo, Tóchez y Valiente, tres de ellos relacionados con el uso de fondos públicos para el pago irregular de viáticos a personas ajenas a la Corte de Cuentas y salarios elevados por servicios profesionales.

A la administración de Tóchez se le encontró un hallazgo por el pago de $58,000.00 por servicios profesionales a ocho personas que tuvieron funciones de “colaboradores jurídicos” para bajar la mora judicial.

La Corte cuestiona los pagos porque, dice el informe, los colaboradores jurídicos no desarrollan opiniones, estudios o trabajos especializados. De paso, a las ocho personas se les pagó con dinero del Rubro 54 del Presupuesto de la Corte de Cuentas referente a “Adquisiciones de bienes y servicios”, y del Fondo Circulante. Además, las personas solamente firmaron “recibos simples” de los pagos que recibieron de la Corte de Cuentas.

El Fondo Circulante se debe usar en necesidades “urgentes”, y que no signifique el pago de salarios.

Tóchez aseguró a la Corte que en su calidad de presidente de la institución no requirió la contratación de ese personal, sino que a solicitud de la Cámara de Segunda Instancia. Tóchez, por su calidad de presidente de la Contraloría, formó parte de la Cámara.

A Rosalío Tóchez se le cuestiona, también, el pago de $26,430.00 en concepto de viáticos a “personal ajeno” a la Corte de Cuentas. Se trata de pagos realizados por la institución a diez soldados del Ministerio de la Defensa que dieron “seguridad personal” al expresidente de la Corte.

Cada militar tiene diez pagos por viáticos por haber acompañado a diferentes lugares durante el día y noche a Tóchez. La auditoría expresa que, de acuerdo con el Reglamento de Viáticos de la Contraloría, esos pagos con fondos públicos se hacen a funcionarios y empleados de la Corte de Cuentas.

El pagador se defendió ante los auditores con que recibió un acuerdo de pago firmado por el expresidente Tóchez (ver nota aparte).

Tóchez mantuvo seguridad por parte de militares del Ministerio de la Defensa porque, supuestamente, recibió amenazas de muerte, según consta en la página 23 del borrador de informe.

“El acuerdo número 457, que literalmente establece: Que, en virtud de la coacción y amenazas recibidas en mi contra, las que han sido denunciadas públicamente, me he visto en la necesidad de requerir esfuerzos en mi seguridad, así como del despacho”, dice el texto.



Pagos de valiente

Otro de los hallazgos de la auditoría es el “pago indebido” a una empleada de la Corte de Cuentas. El expresidente de la Corte, Johel Valiente autorizó que una empleada participara del 13 de septiembre al 13 de diciembre de 2014 en una pasantía presencial en México.

En concepto de viáticos, la trabajadora de la Corte recibió de la institución $11,700.00.

La auditoría dice que, de acuerdo al Reglamento de Viáticos a la empleada debió pagársele solamente $3,420.00. Es decir, se hizo un pago en exceso por $8,280.00. Solo en pagos para la alimentación de la empleada, la Corte erogó la cantidad de $10,680.00 para los 89 días que estuvo en México.

Los pagos fueron autorizados por el expresidente de la institución, Johel Valiente.

El expresidente alegó ante los auditores que su gestión fue auditada por la Asamblea Legislativa y que no puede ser juzgado dos veces. Además, cuestiona que la Corte sea “juez y parte”.

“Quien se encarga de la vigilancia de las actuaciones del presidente de la Corte de Cuentas es la Asamblea Legislativa, quien dicho sea de paso ya realizó la auditoría financiera que ustedes practican hoy”, alegó Valiente en nota enviada a la Dirección de Auditoría Uno.

Los auditores no aceptaron los alegatos y declararon “deficiencia no superada”. De acuerdo con una fuente de la Corte de Cuentas, a Sánchez Trejo y Tóchez ya les dieron lectura del borrador y establecieron un plazo para que presenten pruebas de descargo.