El 24 de mayo, representantes de las víctimas de la masacre en El Mozote solicitaron a la Corte medidas provisionales de interrumpir el trámite de la ley ante el “riesgo de daño irreparable de extrema gravedad y urgencia de que el derecho de acceso a la justicia” de las víctimas de la masacre y de otras violaciones a derechos humanos “sea violado”.
De acuerdo a la resolución de la Corte Interamericana, el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica que en casos de extrema gravedad y para evitar daños irreparables a las personas la Corte “podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes”.
Señala que si no está reunida, la presidencia en consulta con la Comisión Permanente requerirá al Estado lo necesario para garantizar las medidas que daría en el próximo periodo de sesiones.
ARENA y FMLN rechazan cárcel
Arena y FMLN rechazan que se aplique pena de cárcel en la ley. “Nos satisface mucho el planteamiento escuchado ayer del señor cardenal que refrendó las palabras del arzobispo de San Salvador en el sentido que lo que más nos interesa es la verdad”, expresó Damián Alegría, del FMLN, ayer en conferencia de prensa, sobre las declaraciones del cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien pidió no fomentar la “revancha y venganza” porque “se puede abrir la caja de Pandora y nadie la puede cerrar”. Hándal insistió en que “el fin central” es lograr “un balance entre los intereses de las víctimas y el interés general de la sociedad por la construcción de una paz”. El FMLN no descartó que hoy den sus votos. “Estamos dispuestos a votar cuando el interés de las víctimas se vea satisfecho. Si esto será mañana, porque está reflejado el interés, qué bueno; si no, será cuando deba de ser”, valoró ayer.
El subjefe de fracción de Arena, Julio Fabián, lo ve difícil. Dijo que “es imposible” que la ley esté aprobada antes del 13 de julio y que es posible la Asamblea caiga en “desacato” al no poder cumplir con ese plazo establecido por la Sala de lo Constitucional.
Fabián dijo que están a favor de dar trabajo de utilidad pública a los señalados de crímenes en lugar de las condenas carcelarias.
Raúl Beltrán, del PCN, consideró que si el proyecto deja plasmadas las penas carcelarias deben aplicarse a las dos partes beligerantes en el conflicto armado. La Comisión Política de la Asamblea suspendió ayer la reunión en la cual emitiría públicamente un dictamen favorable de la ley de reconciliación.