Está claro que la recuperación económica de El Salvador solo será posible con la participación de la empresa privada que invierte en el país y genera empleos, paga impuestos y actúa con responsabilidad social. La recuperación de confianza, crear certidumbre y predictibilidad, deben estar en las prioridades del próximo gobierno para dejar atrás el último decenio.

El FMLN y sus voceros gubernamentales fomentaron el deterioro del clima de negocios repitiendo tantas veces la frase “cambio de modelo”, una expresión abstracta que implica un cambio de reglas sin explicación alguna sobre el futuro.

La responsabilidad de ser empresario, generar empleos, pagar a tiempo a los trabajadores y hacer prosperar a las empresas, es enorme. Mucho más cuando esos empresarios tienen que lidiar con un entorno hostil, con una tramitología terrible y un discurso oficial que desincentiva las inversiones, tal como sucedió esta década.

Reducir la tramitología, abrir caminos claros de comunicación entre Gobierno y empresarios, destrabar la burocracia enquistada y resolver problemas que retrasan o ahuyentan inversiones debe ser una labor prioritaria y extraordinaria de los futuros funcionarios del gabinete económico y de ahí el desafío de buscar a los más capacitados.