Editorial & Opinion

Del diagnóstico a la propuesta

Ana Cevallos / Economista investigadora @Cevallob

sábado 1, agosto 2020 - 12:00 am

La economía, la salud y los cuidados constituyen los ámbitos más impactados por la crisis derivada de la Covid-19, según la mayoría de los estudios realizados a este respecto. Esto no es casualidad, pues, en el caso de la salud y los cuidados, se trata de sectores históricamente desatendidos, debido, entre otros, a la preeminencia de un orden económico y social centrado en el mercado y no en las personas. Esto hace que, ahora, en lugar de gozar de un sistema compatible con la vida que nos permitiese enfrentar la actual crisis de forma efectiva y con menores costes sociales, lo que tenemos es uno en el cual, el bienestar no se encuentra garantizado, e incluso depende de la capacidad adquisitiva de las personas.

¿A quién culpar? A la corrupción, a la impunidad, a la cultura del mérito, a los sectores que ostentan el poder político y económico y que, en su mayoría, acaban malversando los recursos públicos, como una especie de norma en cada gobierno de turno. Pero, de nada sirve culpar sin propuestas que permitan romper con esta especie de espiral que nos condena a la muerte y a la vulnerabilidad ante las crisis, por desempleo, por violencia, por hambre, por migración irregular, por falta de atención médica o por la precariedad de esta, entre otros males sociales.

Al respecto, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ha propuesto una hoja de ruta para abordar de forma multidimensional, los grandes desafíos estructurales que, como ciudadanía, debemos demandar, y que, los Estados, deben procurar para la garantía de los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad. Uno de los ejes fundamentales de la propuesta del Instituto, consiste en avanzar en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, a fin de aproximarse a una sociedad inclusiva y equitativa. Esto exige de un sistema nacional de protección y cuidado, que garantice nuevos derechos tales como una renta básica que, en el corto plazo, permita a las personas cumplir con las medidas de confinamiento y de distanciamiento social necesarias para contener la curva de contagios de la Covid-19, y; en el mediano y largo plazo, permita aminorar los impactos en términos de pobreza.

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Según el Icefi, otro de los ejes necesarios para avanzar en esta dirección consiste en el lograr un compromiso fiscal. Esto porque, no sería posible lograr la garantía de derechos, de forma universal y sostenible, sin una adecuada reforma tributaria que permita obtener los recursos necesarios y suficientes para la construcción de una sociedad igualitaria. Esto supone, entre otros, más progresividad y solidaridad (quien tiene más, paga más); la limitación de los privilegios fiscales y el combate de la evasión, del contrabando y del flujo ilícito de dinero; sistemas nacionales de probidad, transparencia y rendición de cuentas y leyes más efectivas contra la corrupción.

Si bien, la propuesta del Icefi resulta mucho más amplia que los elementos referidos, basta con estos dos ejes para dimensionar la urgencia de lograr un compromiso político que los posibilite. Esto porque, una reforma fiscal justa y transparente trastocaría las estructuras de poder que actualmente se alimentan del poder público en detrimento del bienestar colectivo. Por tanto, si queremos romper con el actual círculo vicioso, como ciudadanía debemos actuar con urgencia para exigir estos cambios, de lo contrario, probablemente tendremos un país con los problemas de siempre, pero mutados y exacerbados.






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