Según el Ministerio Público, el exfuncionario no pudo justificar $165 mil y por eso deberá enfrentar el juicio civil que ordenó la Corte Suprema de Justicia por indicios de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General de la República pidió que de encontrarlo responsable lo inhabilite para ejercer un cargo público por un período de diez años.
Esta petición se basa en el artículo 21 de Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde el año 1959, donde se menciona que el funcionario o empleado que sea encontrado culpable quedará inhabilitado por ese tiempo.
En la demanda también se incluye a Patricia Antonia Rodríguez Santos de Hernández, esposa del expresidente del INDES, quien según la representación fiscal supuestamente se enriqueció ilícitamente con la cantidad de $39,511.49; entre ambos, el monto por el que deberán responder civilmente asciende a $204,511.49.
La fiscal de la Unidad Anticorrupción, luego de presentar la demanda expresó que al principio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó enjuiciarlos por un monto de $75,869.88 producto de diez irregularidades encontradas por la sección de Probidad, dicha resolución fue emitida el 23 de mayo de 2019.
Pero en la investigación realizada por el Ministerio Público se encontró otra irregularidad con un monto de supuesto enriquecimiento ilícito de $128,641.61, administrativamente.
El pasado 28 de mayo en sede fiscal, el exfuncionario informó que esa cantidad la recibió en concepto de compensaciones o gratificaciones por parte del entonces presidente de la República, Elías Antonio Saca.
Manifestó a la Fiscalía que durante los cinco años que estuvo al frente del INDES le entregaron un sobresueldo mensual de $2,600, ya que por el cargo que él tenía, pasaba más de ocho horas diarias de trabajo.
Hernández Isussi fue presidente del Instituto Nacional de los Deportes en el periodo de 1 de junio de 2004 al 31 de mayo de 2009.
La demanda fiscal fue presentada en la Secretaria de la Cámara Ambiental y los magistrados comenzarán a estudiar el caso para luego emitir una resolución en la que deberán notificar si la admiten e iniciar el proceso de ley y pedir a los señalados que se muestre parte.