La investigación contra René Mario Figueroa, exministro de Seguridad en la administración presidencial de Saca, fue presentada ante la Cámara Ambiental de Santa Tecla, con la pretensión fiscal de lograr una responsabilidad civil cuando culmine el proceso.
La demanda civil también incluye a Cecilia Coronada Alvarenga Pinto de Figueroa, esposa del exministro, quien según los señalamientos de la representación fiscal también se favoreció de los ingresos que su cónyuge tuvo como funcionario entre los años 2004-2009.
El fiscal que presentó la demanda dijo ayer que la columna vertebral de este juicio civil es el informe que la Sección de Probidad envió al pleno de la Corte Suprema de Justicia, luego de auditar el patrimonio de Figueroa.
El informe inició el 24 de octubre del año 2017 y finalizó el 9 de abril de este año cuando se ordenó el juicio civil por indicios de enriquecimiento ilícito.
Previo a la orden del juicio, el 2 de abril de 2019, la Corte Plena rechazó a Figueroa una petición de plazo de 15 días para ampliar prueba de descargo, el rechazo se fundamentó en que el proceso ya era estudiado.
El proceso detalla que el exministro junto a su esposa no lograron explicar 18 irregularidades encontradas con un monto de $1,028,974.54.
Según la acusación, a Figueroa en su calidad de ministro la Sección de Probidad le detectó 14 irregularidades entre ellas se menciona que no pudo justificar el pago que hizo de tarjetas de crédito, depósitos en cuentas bancarias, pago de préstamos, así como la compra de vehículos e inmuebles.
Mientras que a su esposa le detectaron cuatro irregularidades, dos durante la gestión que Figueroa tuvo como ministro de Seguridad y similar cantidad un año posterior al cese de funciones.
“Nosotros estamos reclamando lo que se dio en el informe preliminar de irregularidades donde la Sección de Probidad determinó las 18 irregularidades y a su vez son las que vamos a presentar en esta ocasión”, dijo el fiscal anticorrupción.
En el desglose individual, la FGR pretende que el exministro devuelva al Estado $871,640. 99, mientras que su esposa debe responder con un monto de $157,333. 55.
Otra demanda
En la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, la misma unidad especializada de la fiscalía interpuso demanda por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de Carlos Roberto Morán Mancía, exviceministro de Obras Públicas entre el 4 de julio de 2008 y el 1 de junio de 2009. En este proceso también se incluye a su esposa Claudia de Morán.
La fiscal informó que al exviceministro le detectaron irregularidades en depósitos bancarios de $60,000.12 que no justificó el origen, y a su cónyuge le reprochan $22,985.33 en la compra de tres vehículos.
De ser encontrados responsables, los dos deben regresar el Estado $82,985.45.
La Ley contra el Enriquecimiento Ilícito también establece que las personas condenadas no puede ser funcionarios públicos por 10 años.
