El Senado estadounidense aprobó una partida presupuestaria de $4,600 millones para atender la crisis en la frontera con México, luego de que la administración de Donald Trump fuera criticada por el trato a los niños y las familias migrantes en los centros de detención de la oficina de Protección Fronteriza y Control de Aduanas (CBP), informó la cadena Telemundo.

Los 84 votos a favor de la medida y cuatro en contra se hicieron un día después de que circulara en medios nacionales e internacionales la fotografía de dos migrantes salvadoreños ahogados en el Río Bravo, un padre y su hija de 23 meses.

El martes, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó un paquete presupuestario de $4,500 millones para la emergencia en la frontera. Sin embargo, el Senado, de mayoría republicana, rechazó esta propuesta y presentó una alternativa, la cual será enviada de vuelta a la Cámara de Representantes para su aprobación.

La administración Trump había amenazado con vetar la propuesta de la Cámara, alegando que socavaría sus esfuerzos para reforzar la seguridad en la frontera.

La líder demócrata de la Cámara, la representante de California, Nancy Pelosi, dijo que no aprobaría la versión del Senado sin revisarla y corregirla, antes de enviarla al presidente, Donald Trump, para su ratificación.

“Hay algunas mejoras que creemos que se pueden reconcliliar”, dijo Pelosi.

Ambas cámaras trabajarán para aprobar la medida antes del día de descanso por los festejos del 4 de julio, cuando se conmemora el Día de la Independencia. Pero no está claro si lograrán ponerse de acuerdo.

Desde mediados de octubre del año pasado, miles de migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, han cruzado México en caravanas, con el fin de llegar a Estados Unidos. / AFP


Diferencias en acuerdo

Si bien las dos medidas proveen fondos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Seguridad Nacional, para que brinden servicios a niños y familias migrantes, la medida de la Cámara plantea pautas más estrictas y específicas para garantizar un trato humanitario.

Por ejemplo, permite visitas no anunciadas de miembros del Congreso con supervisión y exige que los centros de “afluencia” cumplan con las normas humanitarias dentro de seis meses en lugar de 14, el límite de tiempo en el proyecto de ley del Senado.

En cambio, la propuesta del Senado establece $65 millones para crear 30 equipos de jueces de inmigración y 145 millones para el Departamento de Defensa, ninguna de las cuales contempla la Cámara.