Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada día mueren en todo el mundo alrededor de 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En general, estas muertes se producen en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. Por este y otros motivos, el 28 de mayo, más allá de una fecha conmemorativa de las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres constituye un llamado de atención para los Estados, a fin de que cumplan con su obligación de erradicar las inequidades que agudizan dicho flagelo social.

Esto porque el gran número de muertes maternas en la mayor parte del mundo se produce por las inequidades en el acceso a los servicios de salud que, a su vez, deriva de Estados ausentes, políticas públicas que discriminan, presupuestos desfinanciados, corrupción y opacidad en el uso de los recursos públicos, mercantilización de los servicios de atención sanitaria y, transversalmente, ceguera de género en las leyes, las políticas y las finanzas públicas predominantes.

En el caso de El Salvador se suma el hecho de que tenemos un Estado en el cual se entrecruza la religión, la política y el machismo. Por tanto, prácticamente tenemos un Estado patriarcal/confesional que decreta un día nacional de oración, por ejemplo, mientras secunda los recortes a los programas de salud, atención y violencia contra las mujeres; y, además, nos penaliza con cárcel por causa de aborto, incluso si es de tipo terapéutico y eugenésico, o por causa de violación.

Entonces, ¿de qué Estado se trata? Probablemente de uno al que no le importa ni la salud ni la vida de nadie, pero especialmente la de las niñas y de las mujeres que somos más del 50% de la población. De lo contrario, en lugar de oraciones veríamos acciones en materia de presupuestos equitativos, inclusivos y sensibles a las diversas vulnerabilidades de la población; leyes y políticas públicas justas y favorables a la autonomía productiva y reproductiva; funcionarios y funcionarias respetuosos con los derechos de las personas y transparentes con los recursos públicos que administran. Y en el caso particular de la acción por la salud de las mujeres, veríamos el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos; el acceso al aborto legal y seguro; el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva integrales y gratuitos, entre otros.

En el contexto actual, este 28 de mayo no debiera ser un día conmemorativo más, pues, tal como afirmara Simone de Beauvoir, “(…) bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”. Por tanto, ante la crisis de la covid -19, como sociedad debemos recordar que los derechos de las mujeres por una salud integral a lo largo de ciclo de vida no se encuentran en cuarentena. Mucho menos debemos permitir que sean los primeros en recortar, como ya ha ocurrido en nuestro país.

En consecuencia, este 28 de mayo es momento de exigir al Estado acciones para la erradicación de las inequidades que nos afectan, no solo a las mujeres, sino que a la sociedad en su conjunto. Es momento de exigir un adecuado manejo de la crisis de la covid -19, de la mano de una mirada multidimensional de las diversas desigualdades (por razón de género, clase social, situación de discapacidad, etc.) y vulnerabilidades. Es tiempo de exigir avances, y denunciar retrocesos, en la agenda de la igualdad y de garantía de los derechos de las mujeres. No olvidemos que “el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones”; por tanto, más que oraciones exijamos acciones, para lo cual unas finanzas públicas inclusivas, transparentes y justas resultan fundamentales.