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Con el fin de 2019, el Primer Órgano del Estado dejó atrás la mitad del período que corresponde a su actual Legislatura (2018-2021). Su legado suma normativas en favor de la seguridad pública, descentralización del Estado, temas electorales, deportes y medio ambiente.


En los últimos 12 meses, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva Ley de Deportes, una Ley de Gestión Integral de Residuos, una Ley de Cultura de Integración para generar empleo juvenil; y culminó el año con la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación 2020 y una amnistía fiscal para financiarlo.


La Asamblea comenzó el año con un incremento del 8 % al 10 % los ingresos que reciben las alcaldías a partir de 2020 a pesar de las advertencias de Nayib Bukele, quien aún no tomaba posesión al frente del Gobierno; y del mismo Fondo Monetario Internacional (FMI).


La llegada de Bukele al Ejecutivo, que significó la derrota de los exgobernantes Arena y FMLN, provocó una relación tirante entre Ejecutivo y Legislativo, con ocho vetos en seis meses y enfrentamientos en redes sociales.


Con el anteproyecto de Presupuesto 2020 por $6,421.6 millones y una petición para emitir títulos valores por $755.8 millones para cubrir su brecha desfinanciada, las críticas al Gobierno de ambos partidos se exacerbaron.


En la penúltima sesión plenaria del año, sin embargo, la Asamblea daría un giro inesperado: Arena, Gana, PCN, PDC y CD aprobaron el presupuesto general con su respectiva emisión de deuda, una amnistía fiscal y un crédito de $91 millones para seguridad, todo en una noche, sin el apoyo del FMLN.


En su último día de trabajo, el 23 de diciembre, después de cabildear con el Gobierno y empresarios transportistas, los diputados aprobaron una nueva prórroga al subsidio del transporte público, sin endurecer los requisitos para mejorar el servicio.


En noviembre, la Asamblea tipificó como delito de agresión el “tocamiento de carácter sexual”, que será penado hasta con 12 años de cárcel. La reforma al Código Penal surgió a raíz de un polémico fallo de la Cámara Primera de lo Penal, que favoreció al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz señalando que el hecho de tocar a una niña con ropa de forma instantánea no es delito sino una falta.