La doctora y diputada de la Comisión de Salud, Rina Araujo, dice que la ley definirá el marco legal para todos los procesos de trasplante de órganos, por ejemplo, de riñones, hígado y médula ósea. “Vamos a ser uno de los países a la vanguardia en lo que es el trasplante de riñones y de otros órganos”, declaró.
Actualmente hay capacidad instalada para hacer los trasplantes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en donde se han realizado unos 900 en toda su historia.
A diferencia del ISSS, la red pública de hospitales no está preparada, por lo tanto, la construcción de la infraestructura hospitalaria para los trasplantes deberá ser creada por el Gobierno en turno, valoró la doctora diputada.
Si bien es cierto, el sistema público de salud realiza trasplantes de órganos, las personas donantes quedan desprotegidas, ya que no reciben un seguimiento clínico luego de la donación.
Pero esta situación cambiaría porque el proyecto de ley, en su artículo 11 literal d, contempla que todo donante de órgano tendrá el derecho de “recibir gratuitamente dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud todas las facilidades para asegurar su salud física y mental, garantizando su restablecimiento, sin perjuicio del tiempo, a lo largo de su ciclo de vida”.
Por primera vez, la ley abrirá las puertas para que las personas mayores de 18 años que sean diagnosticadas con muerte encefálica puedan donar sus órganos. Actualmente, el sistema de salud en El Salvador solo permite trasplantes de donantes vivos.
La muerte encefálica deberá ser certificada por dos médicos, al menos uno deberá ser neurocirujano o neurólogo.
Sin embargo, los familiares de la persona con muerte encefálica tendrán la última palabra si deciden respetar la voluntad de su familiar que en vida ofreció sus miembros en donación.
“Se va a respetar el consentimiento familiar hasta el último momento”, declaró la doctora diputada.
Lista única de donantes
El doctor y diputado de la Comisión de Salud, Emilio Corea, explicó que la ley creará la “lista única de espera”, con los datos de los pacientes que necesitan un trasplante de órgano. De acuerdo a la normativa, todo este registro de espera de órganos estará sujeto a la Ley de Acceso a la Información Pública.
“Queremos evitar el compadrazgo, el amiguismo, que si el hijo o un familiar de un funcionario necesita un trasplante, se sume a la lista de donates y que no sea colocado en una posición de espera que no le corresponde” explicó el diputado. La comisión de diputados trabajará en los próximos días en establecer los candidatos que impidan que el sistema se preste para la compra y venta de órganos.