En la presentación de las recomendaciones participó, entre otras, la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y Ciudadanos por una Corte Independiente.
La primera recomendación fue que la Asamblea Legislativa revise los mecanismos de elección de los funcionarios que combaten la corrupción, como el fiscal general de la República, los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La DPLF dice que la Asamblea Legislativa debe regular la participación de la sociedad civil en la deliberación de candidatos y que esta fase cumpla con los criterios de máxima transparencia y publicidad.
El año pasado, la Asamblea eligió, luego de tres meses de atraso, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. También, eligió al fiscal general de la República. Ambas elecciones han sido cuestionadas por las organizaciones de la sociedad civil por la deficiente deliberación pública para elegir a los funcionarios o a funcionarios específicos.
La segunda recomendación es la revisión de los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones de control que incluyan la participación de la sociedad civil.
Según la DPLF, todas las instituciones que hacen funciones de control deben integrar un sistema nacional que luche contra la corrupción. El año pasado, Fusades propuso la creación de un sistema nacional que combata la corrupción y consideró que debía estar integrado, entre otros, por la CCR y el TEG.
La DPLF también propone que la Fiscalía General de la República (FGR) fortalezca sus capacidades de investigación de los delitos de corrupción.
La FGR depende del presupuesto aprobado anualmente por la Asamblea Legislativa y los partidos políticos no han avanzado en la discusión para incluir al Ministerio Público en el presupuesto del Órgano Judicial que por Constitución es del 6 % de los ingresos corrientes del Estado.
Nueva ley de probidad
La DPLF pide que el país evalúe solicitar apoyo de la cooperación internacional para instalar mecanismo especial de combate a la corrupción y la impunidad. El presidente electo, Nayib Bukele, se ha mostrado a favor de solicitar apoyo a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para pedir una Comisión Internacional de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad (Cicies). La otra recomendación es que la Asamblea apruebe una Ley de Probidad y el pleno de la CSJ levante la reserva de los informes de auditoría de la Sección de Probidad; y que la la sociedad civil se involucre en el combate a la corrupción.
