Este 30 de septiembre, el Ministerio de Hacienda presentará el anteproyecto del presupuesto general de la nación para 2021, un ejercicio que para economistas careció de transparencia en el proceso de elaboración y supone un reto para el Gobierno de aplicar un ajuste fiscal que permita reducir el peso de la deuda por la pandemia.
Esta fue unas de las conclusiones en un foro sobre participación y transparencia presupuestaria organizado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y de Acción Ciudadana. Un evento donde se recordó que El Salvador tiene calificación de 46 de 100 puntos posibles según el Índice de Presupuesto Abierto.
Este índice también incluye la participación pública en la formulación del presupuesto, donde El Salvador obtiene una calificación de 13 de 100 puntos debido a que no hay mecanismos por el Ejecutivo para incluir a la población en elaboración ni para participar en su apropiación en el Legislativo. En tanto, en la vigilancia del presupuesto tiene un porcentaje de 61.
El presupuesto establece las prioridades de un gobierno sobre escenarios de cuántos ingresos espera recibir y cuánto de eso prevé gastar en proyectos de inversión, remuneraciones o para compromisos de deuda. Este es el segundo ejercicio de la administración de Nayib Bukele, que ocurre en un escenario complicado por el deterioro de las finanzas públicas debido a la pandemia del covid-19.
Nosotros vemos que está la oportunidad de corregir la situación, pero también puede ser que la pandemia sea utilizada para agravar los problemas”.
Carolina Alas de Franco
Economista de Fusades
El presupuesto no es del presidente, del Ministerio de Hacienda, ni de los diputados, sino de la ciudadanía porque se financia con nuestros impuestos”.
Ricardo Castaneda
Economista del Icefi
Exigir que sean de conocimiento de todos los planes, políticas, y una vez tengamos la carta de navegación, solicitar si se están concretando”.
Rommel Rodríguez
Economista de Funde
Sin embargo, a lo largo de su elaboración la falta de información disponible y la no participación ciudadana se volvió una constante. Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), enfatizó que el presupuesto no es de un funcionario del Gobierno central ni los diputados sino de la población que paga los impuestos que financian el ejercicio.
El mismo sentir compartió Rommel Rodríguez, economista de Funde, quien consideró que una de las falencias del Ejecutivo es la no publicación de los techos presupuestarios, que en los últimos dos años se obtuvo a través de la oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Hacienda.
Además, sumó, la Política Presupuestaria se publicó con retraso. “No permite que la información llegue a la población y haya una discusión amplia de cuáles son las prioridades del Estados”, indicó.
Carolina Alas de Franco, economistas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), indicó que el Ejecutivo tiene la oportunidad de corregir los errores de los anteriores presupuestos de sobreestimar las proyecciones de gasto, pero también teme que la pandemia sea utilizada para agravar la crisis fiscal.