El proyecto que se inició en el 2008, sería concluido en 2012 y por un costo de $219.9 millones y cuatro años de plazo, estaría listo hasta el 2020 y costará $759.41 millones, esto es, $551.61 millones adicionales a su costo original, el triple.
El que fuera uno de los “proyectos estrella” de las administraciones Saca y Funes, se convirtió en un agujero negro capaz de devorar -sin resultado alguno- cientos de millones de dólares provenientes del crédito internacional y de fondos públicos.
Las lecciones aprendidas de la mala administración de este proyecto estratégico pueden ser muchas: desde la necesidad de transparentar en mayor medida, y con participación de la sociedad civil, los concursos de licitación de toda gran obra pública, hasta la realización de verdaderas rendiciones de cuentas periódicas.
Se impone la necesidad de crear registros o bancos de datos sobre el avance de cada obra que sean accesibles al público, hasta la exigencia de presentar declaraciones anuales del patrimonio de todos los funcionarios involucrados, en suma, se trata de cerrar los espacios a la discrecionalidad y al posible enriquecimiento ilícito.
El Chaparral tiene un 70% de avance en su infraestructura, pero el costo alcanzado por este proyecto llevará décadas para amortizarse, mientras que el país sufre un déficit de energía y se ve amenazado con un incremento en los costos del petróleo, todo lo que al final, afecta el costo de vida de los salvadoreños.