La semana pasada un medio escrito compartió en sus redes sociales el seguimiento de un operativo policial, la publicación enunciaba: «Agentes policiales proceden a registrar a trabajadores de finca durante operativo por enfrentamiento en finca Makintey en cantón Cantarrana #SantaAna», el texto era acompañado por fotografías de dos personas paradas con las piernas separadas y los brazos detrás del cuello, mientras los agentes de seguridad las revisaban.
Hasta acá nada fuera de lo normal en un operativo policial. Sin embargo, una de las personas sometidas al cacheo era un niño de no más de 10 años de edad, trabajador de la finca. Sí, en nuestro país, hay niñas y niños que se ven obligados a trabajar y el Estado se hace presente en sus vidas no con escuelas, bibliotecas, parques o deportes, sino con operativos policiales que vulneran más su integridad.
En un país interesado en proteger a los más vulnerables, esto hubiera provocado una condena pública, pero en El Salvador no. Ante cuestionamientos sobre el proceder de los agentes de seguridad, las reacciones de las personas fueron: «felicidades por hacer su trabajo», «así tienen que ser los policías, desconfiar hasta de su sombra», «a esa edad ya son delincuentes profesionales», «¿acaso no son menores los que andan matando gente?», «¡qué bien!, así va aprendiendo», «con revisarlos no les hacen nada», «de seguro es parte de una familia de terroristas», «si el niño no debe nada, no hay problema», «así toca, todo sea por rescatar el país»; y así, muchos más comentarios de esa naturaleza, y si entre tanto comentario alguien osaba hablar de derechos de la niñez, sí, esos a los que el Estado salvadoreño se ha comprometido a promover y garantizar, se le señalaba de defender delincuentes. El perfecto reflejo de una sociedad violenta, en la que los derechos son privilegios.
Todo esto resulta paradójico, en especial en una sociedad que se precia de proteger la vida de los más vulnerables, de los más inocentes, de los niños y niñas, incluso desde antes de nacer. Parece que los derechos de nuestros niños se acaban cuando nacen, después de eso pueden ser sospechosos de todo, menos de ser niños y por eso la garantía de sus derechos queda a un lado. Después de nacer, el Estado no se preocupa por vacunarles, la cobertura de la vacuna triple viral (SRP) cayó a 81 % en 2018, según datos del sistema nacional de registros de vacunas del Ministerio de Salud, algo alarmante cuando se considera que la tasa de mortalidad infantil no ha disminuido. Si nuestro futuro logra sobrevivir su infancia temprana, el Estado debería garantizarle su derecho a la educación, pero uno de cada tres niños, niñas o adolescentes no va a la escuela. Por si fuera poco, este año el Estado ha presupuestado invertir apenas USD2.10 por cada niño, niña o adolescente para garantizarles todos sus derechos (salud, educación, seguridad, justicia, medio ambiente sano, recreación, entre otros). Ante esto, no resulta extraño que lo único que somos capaces de ofrecerles es migrar, con sus padres o sin ellos, exponerles a un viaje que puede terminar en un río o en una jaula, sin que diputados, ministras o presidentes se preocupen por exigir a “países amigos” que garanticen los derechos de nuestra niñez migrante.
Una sociedad que normaliza la violación de los derechos está más cerca de la barbarie que del desarrollo. ¿Ese es el tipo de sociedad en el que queremos vivir? La única forma de salvar el alma de nuestra sociedad es reconociendo que los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables, los niños y las niñas, deben ser respetados siempre. Ojalá las instituciones públicas sean las primeras que den el ejemplo, reconozcan sus errores, se eduquen y cambien las prácticas y protocolos que vulneran los derechos de nuestra niñez. Ojalá como ciudadanía nos pronunciemos, defendamos y no toleremos un solo acto que vulnere los derechos de quienes representan la esperanza de vivir en una mejor sociedad.