En un nuevo proceso, la Fiscalía busca demostrar cómo se extrajo cerca de $16 millones de Casa Presidencial en la administración del expresidente Saca y la supuesta participación de nueve imputados y cinco sociedades mercantiles. Por esas actuaciones, Fiscalía los acusa de lavado de dinero y activos.
Según el expediente judicial, esta es la cuarta fase de la operación “Destape a la Corrupción” judicializado en el Juzgado Décimo Primero de Paz y al que tuvo acceso Diario El Mundo, Tóchez Maravilla fue una persona amiga y de confianza del expresidente Saca González.
Para ese tiempo, Irving Pavel era socio del despacho contable Tóchez Fernández (TF Consultores) y trabajaba en tareas de contador y auditor desde 2002.
“En el 2006, el expresidente mostró gran interés por encontrar una persona con suficiente experiencia para extraer sumas millonarias, sin ser detectado, evitar ser rastreado el origen, por lo que solicitó asesoría a Tóchez para extraer dinero”, según el requerimiento fiscal.
La experiencia.
Por su experiencia y ser uno de los “autores” del Código Tributario vigente, que la Asamblea Legislativa aprobó en el año 2000, según el requerimiento, Tóchez asesoró a Saca para cometer el ilícito; él sabía que era fácil de evadir controles cuando se realizaban contrataciones públicas para Casa Presidencial.
Además, que los exámenes de la Corte de Cuentas no eran tan estrictos y sus controles eran débiles, situaciones que podrían ser aprovechados y capitalizados para la extracción de fondos.
Consta en el expediente judicial que Tóchez recomendó a Saca, que debía contar con otras personas de su confianza y crear sociedades que su giro comercial fuera el poder dar servicios referentes a productos de comunicación y que mediante esas sociedades se fingiera la prestación de servicios publicitarios y que dieran la apariencia de prestación de servicios a favor de otras sociedades.
Irving Pavel Tóchez Maravilla “es una persona que conoce muy bien cómo evadir impuestos y qué hechos generan impuestos. En ese sentido asesoró de que se utilizaran sociedades que aparentemente daban servicios de comunicación a la Presidencia de la República”, remarca la Fiscalía en su acusación.
Tóchez Maravilla, sabía que las auditorías de la Corte de Cuenta eran “bien flexibles en ese tipo de actividad: “no revisaban ni verificaran información de manera rígida”, y además, hizo otra recomendación: simular préstamos desde el exterior que tampoco generan pago de impuestos.
Estructura.
Según el expediente judicial, Tóchez Maravilla no actuaba solo, contaba con una estructura de personas jurídicas (empresas) y personas naturales que eran necesarias para desarrollar el entramado del movimiento de fondos.
Desde las cuentas particulares de los cercanos exfuncionarios del expresidente Saca- en algunos casos- de empresas de papel que existían en documentos, pero no desarrollaban actividades económicas; y otras que, sí bien estaban activas, tenían características que facilitaban la legalización de los fondos de procedencia ilícita.
Según Fiscalía, Irving Pavel junto a su esposa, Ivett Fidelia Salinas de Tóchez, de 57 años, y la Sociedad TF consultores, quienes están ausentes en este proceso, lavaron dinero que venían directo de las cuentas del exsecretario privado de la presidencia, Elmer Roberto Charlaix Urquilla.
Además, del exauxiliar de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de Casa Presidencia, Pablo Gómez y del exjefe de la Unidad Financiera de la Presidencia, Francisco Rodríguez; ambos manejaban cuentas bolsones de donde se recibió el dinero y de otras sociedades como Export Services, GDE, que recibían el dinero de TF y de ahí lo regresaba a las empresas del Grupo Samix.
Las empresas vinculadas a este ilícito, aparentaban brindar servicios a Casa Presidencial y en razón de ello, les giraban cheques como pago, pero según Fiscalía no hay ninguna documentación o contrato que respalde esa relación.
Como última instrucción, Irving Tóchez dijo que se debía entregar y materializar los cheques a nombre de la sociedad que le iba a indicar al expresentador de televisión, Jorge Hernández o Eduardo Mixco, el primo de Ana Ligia.
Ligados.
En esta cuarta etapa del caso “Destape a la Corrupción”, la fiscalía ha acusado a nueve personas: José Eduardo Mixco, quien es primo de la exprimera dama de la República, Ana Ligia de Saca, y a quien la semana pasada, un juzgado le negó libertad con medidas y deberá seguir en prisión provisional.
También son procesados los hermanos Carlos Rafael y Federico Antonio Barillas Flores, quienes eran representante de la sociedad Salvataje de deuda, y por medio de la cual, la Fiscalía asegura que se blanqueó $1,963,459, a través de cheques recibidos entre el 24 de abril del 2012 y el 15 de enero del 2015.
También fueron acusados Rosa Miriam Salinas de Aviles, Juan Francisco Guerrero Chacón, María de la Luz Pérez Franco, Julio Ernesto Mena Campos; todos los anteriores tienen medidas alternas a la detención.
Además, están procesados los esposos Irving Pavel Tóchez Maravilla y Ivett
Fidelia Salinas de Tóchez, ambos tienen calidad de prófugos en este proceso.
Las sociedades.
En esta investigación, la fiscalía sostiene que los procesados utilizaron sociedades de papel para el blanqueo de dinero, y por ello investiga a Inter-Corp S.A. de C.V., Salvataje de Deudas S.A. de C.V., Consultores S.A. de C.V. Varin Inversiones S.A de C.V., y Laboratorios Farma S.A. de C.V.
La fiscalía explica que algunos de ellos si tenían funcionamiento, pero habían reportado pérdidas; ese panorama cambió cuando empezaron a recibir fondos de Casa Presidencial, durante el gobierno de Saca.
¿Quiénes son los implicados?
- José Eduardo Mixco, primo de Ana Ligia de Saca.
- Carlos Rafael Barillas Flores
- Federico Antonio Barillas Flores
- Rosa Miriam Salinas de Avilés,
- Juan José Francisco Guerrero Chacón,
- María de la Luz Pérez Franco
- Julio Ernesto Mena Campos.
- Irving Pavel Tóchez Maravilla
- Ivett Fidelia Salinas de Tóchez
La condena de Saca a 10 años de prisión
En 2016, la Fiscalía General de la República acusó al expresidente Antonio Saca y a una estructura de sus más allegados en su gobierno, de haber lavado $300 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial. Los fiscales calificaron de “proceso complejo”, todo el entramado utilizado por Saca, desde reformar el reglamento interno de Casa Presidencial para saltarse las leyes que le obligaban a hacer buen uso de las cuentas estatales, hasta la estratificación de los fondos fingiendo servicios de publicidad y comunicaciones a sociedades que no funcionaban, y que solo servían para llevar el dinero a sus cuentas personales.
Proceso de Jorge Hernández no pasó de instrucción
En el Juzgado Octavo de Paz fue acusado el expresentador de televisión Jorge Hernández y su contador, por el delito de lavado de dinero de $8 millones, en 2017. En el proceso de instrucción solo se hizo para su contador, Esteban Cañas, que posteriormente fue condenado en un procedimiento abreviado, a tres años de trabajo de utilidad pública. Supuestamente, a ese nivel del procedimiento, Hernández tenía arresto domiciliario, pero desde entonces nunca fue convocado en juicio para procesarlo. Según publicaciones periodísticas, Hernández se convirtió en testigo e incriminó a su propio empleado.