El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú; nació con firmas de 22 países, pero solo ha sido ratificado por seis: Bolivia, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
El Salvador participó en el proceso de negociación en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, pero se abstuvo de firmarlo. La Asamblea Legislativa no ha conocido tampoco una iniciativa del Ejecutivo para iniciar la discusión, confirmó Dina Argueta, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y diputada del FMLN.
¿Qué busca el acuerdo?
En su artículo 1, el acuerdo establece que el objetivo es garantizar “la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”; así como fortalecer las capacidades de cooperación “y protección del derecho de cada persona a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Para ello, plantea cuatro puntos: acceso a la información de proyectos, consultas para otorgar estos permisos ambientales, justicia en caso que no se cumplan, y protección a los defensores ambientales.
El Plan Cuscatlán, plataforma electoral del presidente Nayib Bukele, no establece la firma de este tratado, y traza como su apuesta número uno la mejora del monitoreo de riesgos naturales.
De hecho, el documento plantea que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que aún no ha sido anunciado por el Ejecutivo, se hará “de conformidad al Acuerdo de París (para regular la emisión de gases invernaderos) y la Ley de Medio Ambiente”.
Además, propone la simplificación de trámites para la obtención de permisos ambientales y la mitigación de riesgos para acceder a “beneficios”.