La Funde presentó el estudio “Estado actual de la tributación internacional en El Salvador”, donde analiza la adopción del sistema de renta mundial y la regulación de los precios de transferencia (PT), dos mecanismos que combaten los flujos financieros ilícitos y la elusión fiscal.
Rommel Rodríguez, analista de la Funde, explicó que la globalización ha permitido a las empresas descentralizar sus operaciones y colocar subsidiarias en diferentes jurisdicciones.
Para evitar pagar demasiados impuestos, añadió, algunas compañías recurren a las prácticas BEPS (del inglés “base erosion and profit shifting”) para “desplazar” sus ganancias haci a lugares donde se cobran menos tributos.
Rodríguez señaló que para implementar la tributación internacional se requiere “una institucionalidad especializada” en las administraciones tributarias, misma que en este momento no tiene El Salvador.
Transición a renta mundial
El Salvador utiliza el principio territorial para cobrar su Impuesto sobre la Renta (ISR), es decir, grava los ingresos obtenidos dentro del país y solo unos pocos originados en el extranjero: los provenientes de títulos valores y los exentos generados por créditos otorgados a entidades en el exterior.
El Plan Cuscatlán, que reúne las promesas de campaña del Presidente de la República, Nayib Bukele, plantea migrar hacia la renta mundial, donde se gravan todos los ingresos sin distinguir dónde se han generado.
Rodríguez indicó que “al leer esa parte” relacionada a la renta mundial, el plan “es grandilocuente. Supone una revolución en la institucionalidad de la administración tributaria, pero no se está preparado (para lograrlo) ni se visualiza (en el plan de Bukele) cómo se logrará esa revolución”.
No obstante, la Funde indicó que El Salvador sí puede migrar hacia la renta mundial, pero para ello necesitará voluntad política que doten de las herramientas legales adecuadas al Ministerio de Hacienda, así como de recursos.
Precios de transferencia
Los precios de transferencia son con los que se valoran las transacciones entre empresas, pero para las finanzas públicas de un país adquieren relevancia cuando esas operaciones se realizan entre compañías vinculadas.
Algunas empresas utilizan los PT para eludir impuestos. Una que está domiciliada en una jurisdicción de baja tributación vende bienes y servicios a precios por encima del mercado a su empresa hermana ubicada en un lugar donde los impuestos son altos, con el fin de que ésta declare ese sobreprecio como parte de sus costos, reduciendo la cantidad de tributos que debe pagar.
El Salvador comenzó a controlar los PT en 2001 y se aplicaron varias reformas hasta llegar a 2009, cuando también se creó una Unidad de Precios de Transferencia dentro de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en Hacienda. No obstante, no se le dio la importancia que merece, señaló Funde, y por ello sus resultados son invisibles.
Además, en 2014 se reformó el Código Tributario para aplicar la directiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los PT, pero estas modificaciones se declararon inconstitucionales en 2018 por adolecer de vicios de forma. La Sala de lo Constitucional le dio al Ejecutivo seis meses para aprobar de nuevo las reformas siguiendo el debido proceso, pero hasta la fecha no hay avances en el tema.
Entre otros vacíos en la institucionalidad de la tributación internacional, la Funde mencionó la falta de una red de convenios para evitar la doble tributación con un amplio número de países, pero hasta la fecha El Salvador solo ha firmado uno y es con España.
El país tampoco forma parte del Marco Inclusivo de la OCDE para adoptar medidas en contra de las BEPS, lo que le cierra la oportunidad de obtener cooperación para combatir la elusión fiscal.