En el marco de la pandemia del Coronavirus, cuya situación es en extremo crítica, algunos países tomaron decisiones para relajar los controles sobre el gasto público (compras y contrataciones, asignaciones presupuestarias, transferencias monetarias, y un gran etcétera), en momentos que los presupuestos públicos se han incrementado. El Salvador no fue la excepción, incluso, a nivel centroamericano fue el único país que suspendió la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Esto a pesar, que de acuerdo con la resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, es deber de los Estados asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el Covid-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Esto implica que se debe otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible, sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.
Por ello, desde el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) recomendamos la creación de portales específicos en línea, que faciliten el acceso a información pública detallada y comprensible para el público, en formatos de datos abiertos, sobre el gasto, las adquisiciones, las modificaciones presupuestarias y la movilización de recursos, entre otras operaciones fiscales, asociadas a los planes para enfrentar la pandemia. Además, preparar y publicar informes sobre las acciones y programas para enfrentar el impacto de la pandemia del Covid-19 y, reforzar los mecanismos de integridad que aseguren el uso honesto y probo de los recursos públicos. Así como, reforzar los mecanismos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, facilitando la denuncia de la ciudadanía.
Finalmente, propusimos invitar y facilitar la participación de las organizaciones de sociedad civil para redoblar y mantener una vigilancia y supervisión a las decisiones de política fiscal, escuchando y adoptando sus propuestas de mejoras o correcciones, pero también atendiendo de conformidad con la ley sus denuncias sobre situaciones perniciosas.
Y justo en esa línea esta semana, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar la creación del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. Que no debe pretender sustituir la institucionalidad del país, sino sumarse a los esfuerzos para luchar contra el virus de la corrupción, a la vez que aporta con recomendaciones técnicas el uso y manejo adecuado de los $2,000 millones que conforman dicho Fondo. De manera unánime, todas las fracciones legislativas aprobaron que las organizaciones que conformaran el Comité fueran el Icefi junto a Funde, la UES, la UFG y Aides.
Desde el Icefi, estamos analizando el Decreto aprobado para tomar una decisión sobre nuestra participación en el Comité, siempre y cuando el Presidente lo sancione. Estamos conscientes de las implicaciones que esta decisión puede conllevar, tomando en cuenta el conflicto político que atraviesa el país, agravado por el proceso electoral, donde cada uno de los actores intentará sacar raja del trabajo del Comité. Sin embargo, independientemente de la decisión que adoptemos, estamos convencidos que es nuestro deber aportar al país, en este espacio u otro, con nuestros conocimientos técnicos y nuestro valor más invaluable: una total independencia de cualquier partido político, gobierno o cualquier otra entidad de la sociedad civil.
El Salvador, está en un contexto donde sus finanzas públicas están en estado crítico, por lo que no se puede dar el lujo de desperdiciar un solo centavo en manos de la corrupción. Salir de esta situación requiere medidas efectivas para mejorar la transparencia de las acciones fiscales, para apuntalar la legitimidad de la administración pública y así poder avanzar en una política fiscal que garantice la democracia y el desarrollo, pero sobre los derechos de toda la población.