La actividad económica de El Salvador opera al mínimo. La gran empresa resiente la logística para el transporte privado de su personal debido a las restricciones y los diversos puntos de residencia. / DEM
La actividad productiva resiente la restricción para la circulación del transporte público desde la medianoche del jueves, una de las medidas estipuladas en el Decreto Ejecutivo No. 22 que refuerza la cuarentena en vigor para frenar el avance de la pandemia del COVID-19.
Líderes gremiales explicaron a Diario El Mundo que la medida -anunciada sorpresivamente el miércoles por la tarde- golpea la operación de las pocas empresas autorizadas para trabajar durante el nuevo período de “cuarentena especial” que se extenderá hasta el 21 de mayo.
Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio en El Salvador (Amcham), calificó las medidas de “contradictorias” porque mientras se habilitan empresas para operar, pero se restringe el medio de transporte de los colaboradores. Destacó que alrededor del 80 % de la población no tiene vehículo propio y se moviliza en el transporte público.
Las nuevas medidas paralizan también a los servicios de taxi, además de plataformas de transporte privado como Uber. Muñoz criticó el poco margen de maniobra tras el anuncio de las restricciones: “¿De qué forma las empresas pueden contratar en menos de 24 horas otro medio de transporte alterno si hay que coordinar rutas? Si no todos los empleados viven en la misma zona geográfica”, valoró.
El jueves miles de empleados tuvieron que caminar para poder llegar a sus puestos de trabajo. Datos de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) reflejan que las medidas de resguardo han provocado el cierre temporal del 90 % de la industria nacional.
“Consideramos que la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 22 fue demasiado rápida y no dio tiempo a las empresas autorizadas para funcionar, la debida organización y logística para el transporte de su personal”, explicó Carmen Aída de Meardi, primera vicepresidenta de la ASI.
Las empresas reportaron ayer una operación irregular. La falta de transporte junto a las restricciones para movilizar más de dos personas en autos particulares provocaron demoras entre los trabajadores.
Operaciones impactadas
Jorge Hasbún, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), consideró que las empresas autorizadas harán lo posible para gestionar transporte, pero advierte que hay limitaciones.
Los líderes gremiales consultados consideraron que además de ser una medida sorpresiva, el problema es que las empresas asumen un nuevo costo en medio de un fuerte impacto en sus finanzas.
Tanto Hasbún como Muñoz explicaron que no todas las compañías podrán soportar este cargo. “Es probable”, dijo el presidente de Camarasal, sobre el tema ya que “hay empresas habilitadas que están con una operatividad baja y ya nuevas complicaciones y costos como recoger al personal con tanta premura y sin tanta rentabilidad de ingresos podría implicar más cierres y menos actividad”.
Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), agregó que los decretos en vigor establecen “restricciones excesivas a la movilidad de las personas” las que riñen con la Constitución de la República.
El presidente Nayib Bukele anunció nuevas medidas el pasado martes 5 de mayo en donde anticipó que se aplicaría una “cuarentena especial” que regirá en los días que se estima hay más riesgos de contagio por lo que anunció restricciones a la movilidad entre municipios. Sin embargo, en su alocución -hecho en Cadena Nacional- no mencionó detalles clave como la restricción al transporte terrestre.
De acuerdo con Simán, el cierre del transporte equivale al cierre de la economía, algo a lo que el sector se opone. Insistió que este tipo de medidas son inconsultas y que no estaban contempladas en los acuerdos anunciados el lunes pasado donde la ANEP reconoció la necesidad de reforzar las medidas sanitarias para frenar el avance de la pandemia.
Piden revertir restricciones del decreto ejecutivo No. 22
La ANEP exigió ayer revertir “con urgencia” las restricciones en el decreto ejecutivo no. 22 y descartó haber negociado el endurecimiento de las restricciones a la movilidad o el cierre de la economía. Agregó que están en comunicaciones con las autoridades para que se restablezca el transporte público y se liberen actividades autorizadas por el decreto legislativo 639. La corporación de exportadores de El Salvador (Coexport) pidió también al gobierno modificar el decreto ejecutivo 22 para mantener las exportaciones mientras se reactiva la economía. Coexport destaca que, debido a las anteriores limitaciones para operar, se espera que el sector exportador caiga un 20 % y existe riesgo de perder unos 20,000 empleos al cierre del año. “deseamos exhortar a agilizar la apertura gradual de las diversas actividades económicas en general y exportaciones en participar, para evitar un mayo daño a nuestra frágil economía y, por ende, al bienestar de la población”, indicó en un comunicado.