Tanto Ochoa Pérez como Anaya Escalante llegaron ayer a la audiencia. / Cortesía CJIM
El exembajador de El Salvador en Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez, y el exministro consejero en ese país, Walter Alfredo Anaya Escalante, seguirán el proceso penal en libertad y sin ninguna medida que cumplir, según la resolución que emitió ayer el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.
La Fiscalía General de la República, al momento de acusarlos por el delito de peculado (apropiarse de bienes del Estado), solicitó que se les impusieran medidas consistentes en no salir del país, presentarse a firmar cada 15 días y una fianza; pero en la resolución de la audiencia inicial, la jueza no accedió a esa pretensión y emitió una instrucción simple.
Al examinar los indicios presentados por el Ministerio Público, la jueza resolvió que no existen suficientes elementos de convicción para determinar la existencia del ilícito atribuido y la participación de los imputados en los hechos.
En el requerimiento, la representación fiscal señala que los dos exfuncionarios utilizaron en exceso $107,920 en el arrendamiento de la embajada de El Salvador en Honduras entre julio del año 2005 y enero del 2016.
Sigifredo Ochoa Pérez fungió como embajador entre los años 2005 al 2009 y Anaya Escalante como ministro consejero y encargado de negocios desde el año 2005 al 2015.
Soledad Funes Donaire de Ramírez, propietaria de dicho inmueble y de nacionalidad hondureña, también es procesada como ausente en la modalidad de cómplice necesaria en el delito de peculado.
Según la Fiscalía, Donaire de Ramírez, entregaba $880 mensuales a Ocho Pérez, previo a un acuerdo, y al finalizar el cargo de embajador, ese dinero fue entregado a Anaya Escalante. En total Ochoa recibió $41,040 y Anaya $59,840, según la Fiscalía.