El expresidente de la CCR, Hernán Contreras, junto a su defensor, ayer. / Óscar Machón
El expresidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Hernán Contreras, deberá continuar el proceso penal en libertad, ya que el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó una instrucción formal con medidas alternas a la detención.
La Fiscalía General de la República pidió que se le decretara detención provisional, pero el juez de la causa no accedió a esa pretensión y ha ordenado que Contreras pague una fianza de $25 mil, tiene prohibido salir del país y deberá presentarse a firmar cada 25 días al Juzgado Octavo de Instrucción.
La fiscal de la unidad anticorrupción dijo que no van a presentar apelación a la resolución emitida, “el juez ha ordenado la instrucción con las medidas sustitutivas a la detención y se basó en los arraigos que le ha presentado la defensa sobre el domicilio, el estado de salud del señor imputado”, dijo la representante del Ministerio Público.
Mientras que el abogado Luis Edgar Morales Joya, dijo que fundamentalmente el juzgador valoró el delicado estado de salud, “él tiene dos stent (tubos de malla de metal dentro de una arteria del corazón), bueno es un listado de enfermedades cardiovasculares bastante fuertes, eso también fue tomado en cuenta por el juez”, sostuvo el defensor.
El exfuncionario enfrenta los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada, en la modalidad de falsedad ideológica, ya que fungiendo como presidente de la CCR, entre los años 2002 al 2011, supuestamente ordenó que se obviaran los procedimientos de ley al momento de auditar los gastos reservados de la Presidencia de la República en la administración del expresidente Elías Antonio Saca.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, Contreras le ordenó al entonces coordinador de auditores Alfonso Bonilla Hernández, que se hiciera el examen especial a los gastos reservados de la partida secreta desde la Corte de Cuentas, por lo que el equipo de auditores solo tuvo acceso a la información que había enviado la gerencia financiera de la Presidencia y no pudieron cotejar esa información con la documentación consistente en facturas y otros registros que se suponía estaba en Casa Presidencial.
La Fiscalía indicó que los delitos supuestamente cometidos por Contreras prescribían hoy, fecha en que cesó el cargo, mientras que al excoordinador de auditores Alfonso Bonilla Hernández, sí prescribió, ya que él era un empleado público y la prescripción cuenta desde el último día que cometió el delito.