Uno de los prófugos es el exalcalde de Santa Ana, Mario Moreira./ Cortesía
La Fiscalía General de la República apeló ayer las medidas que el Juzgado de Paz de Coatepeque, Santa Ana, decretó al alcalde de esa localidad Jorge Alberto Rivas y otros 26 imputados, acusados de peculado (apropiarse de bienes del Estado) y negociaciones ilícitas.
El fiscal del caso dijo que han mostrado su inconformidad y han pedido a una cámara que revoque la decisión de la jueza por considerar que no está apegada a derecho ya que no valoró los elementos que le presentaron en el expediente para establecer que los imputados estando en libertad pueden obstaculizar la investigación en la fase de instrucción.
El Ministerio Pública también argumenta en la apelación que los imputados pueden huir y no someterse al proceso, que existe ese peligro de fuga de los imputados y que además pueden entorpecer la investigación.
“Enunciamos que ellos como miembros del concejo municipal van estar trabajando en la alcaldía que es donde se han cometido estos delitos, de alguna forma pueden interferir en la investigación que estamos siguiendo, incluso en las personas que no están sirviendo de testigos”, sostuvo el fiscal.
El Ministerio Público acusa en este caso a 35 imputados de haber supuestamente participado en las irregularidades de 11 proyectos por los que se pagó $441,375.27, pero esas obras nunca se ejecutaron.
Los proyectos según la Fiscalía fueron aprobados en reuniones de concejo municipal en los períodos 2012- 2015 y 2015-2018, pero en las pesquisas que se hicieron fueron a verificar si se ejecutaron, pero no hallaron ninguna obra.