Cinco días después de la irrupción del Ejército y la Policía Nacional Civil en la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República comenzó a recopilar evidencias para reconstruir los hechos del domingo 9 de febrero.

El primer diputado citado por el Ministerio Público fue Reynaldo López Cardoza, directivo encargado de seguridad del Salón Azul. La invitación, asegura, llegó a las 9:00 de la noche del jueves para testificar ayer mismo.

“Hemos dicho lo correcto, hemos dicho claro lo que pasó”, dijo López Cardoza ayer, ratificando la versión que narró a Diario El Mundo: el director de la Policía, Mauricio Arriaza, le pidió las llaves del hemiciclo y ame­nazó con botar las puertas si no cumplía con la demanda; y el ministro de la Defensa, René Merino, ordenó el despliegue de militares dentro del pleno.

Además de su declaración, la Fiscalía solicitó las cintas de videovigilancia que guarda la Asamblea, a través de la junta directiva. Los representantes de la Fiscalía cuestionaron quién dio la orden para el ingreso de policías y militares armados.

La seguridad de la institución, reafirmó, fue relegada por los altos mandos de la PNC y de la Fuerza Armada, valiéndose de un convenio de seguridad firmado con la Asamblea.

“El director me lo dijo a mí: estamos en un convenio que tenemos con la Asamblea, que la seguridad está a cargo de nosotros. Por órdenes de quién, no puedo decir, me dijo”, añadió.

La Fiscalía General, indicó, está “preocupada” por lo que pueda suceder hoy en el congreso.