Melara pedirá hoy a los diputados que reformen el Código Penal y el Código Procesal Penal e incluyan los delitos de desaparición forzada cometida por particular y la desaparición forzada de personas agravada.
El titular explicó ayer, que el pimer delito consiste en la privación de libertad seguido del “ocultamiento de la víctima”.
Además puede ser cometida por “cualquier persona, familiares, incluidos miembros de estructuras de crimen organizado, maras o pandillas”. La Fiscalía pedirá que este delito sea penado con cárcel de 20 a 30 años.
Mientras que el delito de desaparición forzada de personas agravada será aquella privación de libertad ejecutada en perjuicio de menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores, denunciantes, testigos, o víctimas.
También, la fiscalía condiciona a delito agravado, cuando el victimario tenga una relación de poder o confianza, o sea motivada por razón de “nacionalidad, raza, etnia, religión, sexo, identidad y expresión de género u orientación sexual de la víctima”.
“Hoy por hoy, estas figuras no las tenemos y es importante que estas figuras puedan ser incorporadas en el Código Penal para poder tener mayor alcance y poder condenar a las personas que son involucradas en estos temas”, explicó ayer el fiscal general, Raúl Melara.
El delito en la modalidad agravada, según la fiscalía, debe ser penado con cárcel de 35 a 45 años.
La semana pasada, el fiscal general creó la unidad de desaparecidos y nombró en el cargo a la fiscal Guadalupe Echeverría, quien antes trabajó en la unidad de homicidios y pandillas.
Melara explicó ayer que la unidad ha empezado a trabajar con el Protocolo de Atención Urgente (Pau) y atenderá los casos para intentar ubicar a la víctima durante 30 días, de lo contrario, la investigación pasará a otra unidad.
¿Cómo funciona el protocolo?
Según el fiscal Melara, la persona se debe acercar a una sede fiscal para poner su aviso y durante las próximas 72 horas las autoridades fiscales y policiales deberán hacer diligencias para saber qué ocurrió con la víctima.
Después de este tiempo, el caso pasa a la recién creada unidad de desaparecidos. “Ahí se deberán hacer todas las acciones para determinar qué ha sucedido con esta persona”, explicó Melara.
Y agrega: “Si en ese periodo de 30 días, que es el tiempo en que el periodo especial se encuentra activado no tenemos una solución al respecto, ya pasa a las unidades para que sea una investigación normal”.
La semana pasada, la fiscalía había recibido más de 1,800 denuncias de privación de libertad, y diariamente reciben ocho avisos, según ha afirmado el titular de la institución.