La Fiscalía General de la República solicitó ayer al juez Especializado de Sentencia “A” que imponga las penas máxima a 29 acusados por los delitos de tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición y conspiración y asociaciones delictivas, así como cohecho o soborno.

Además solicitó al juez que a la hora de imponer las condenas lo haga basado en el concurso real de delito, es decir que incluya la sumatoria de las penas por todos los hechos en los que cada uno se vio involucrado y no solo por un delito. La sentencia se conocerá el 30 de octubre.

Los fiscales del caso aseguraron que las declaraciones de siete testigos y la reproducción de audios de intervenciones telefónicas, sumado a otras pruebas como incautaciones de vehículos, dinero, cheques, entre otros, corroboran los hechos que se atribuyen a los imputados.

Los testigos, en su mayoría agentes policiales, participaron en tareas de vigilancia y seguimiento en los diversos movimientos de droga durante el proceso de investigación y que en juicio con sus declaraciones confirman los hechos y la participación delictiva de los procesados.

 

Hallazgos

Una fiscal reveló ayer que las investigaciones iniciadas el 5 de enero de 2016, ayudaron a identificar a cada uno de los involucrados a quienes la Policía les incautó en distintos casos más de 16 kilos de cocaína valorada en $403,065 al igual que 15,283 gramos de marihuana, valorados en $17,492, así como la incautación de $69,986 en efectivo.
“En la etapa que se hicieron los registros con orden de allanamientos (entre el 29 y 30 de abril de 2018) se incautaron otros $62,723, 29 vehículos, 19 armas de fuego, cheques que suman más $98,000, documentación variada, 72 teléfono celulares y droga”, afirmó la fiscal.

Los vehículos, los celulares y el dinero incautado en los operativos fueron objeto de análisis y dieron positivo de estar contaminados con cocaína, metanfetamina, TAHC y otros.

En los 29 acusados hay tres policías que colaboraban con las estructuras del narcotráfico; uno operaba en el sector de La Granjita, otro en el mercado San Miguelito y otro en el Puerto de La Libertad. Los demás eran proveedores de droga que estaban destacados en Santa Tecla, entre ellos destacan dos guatemaltecos , un exalcalde del Puerto de La Libertad, que venía de Nicaragua, además hay imputados costarricenses.

Las investigaciones determinaron que algunos de los imputados como José Adán Silva Bercián y Luis Alexander Cruz Lorenzana, principales líderes de las estructuras que movían la droga en el país, realizaron varios viajes a Costa Rica para cumplir misiones de narcotráfico. Fiscalía también identificó a sus colaboradores.

“Estamos satisfechos con lo expuesto en el juicio porque consideramos que hay suficientes pruebas, las escuchas telefónicas, los análisis de 72 teléfonos celulares que se les decomisaron en las detenciones, las bitácoras que reflejan las activaciones de antenas y ubica a las personas en cada una de sus llamadas intervenidas, diferentes vigilancias y seguimientos, hay varios números telefónicos a nombre de ellos”, afirmó la fiscal.

 

La defensa.

Pero ese optimismo no es compartido por los abogados defensores quienes alegan que Fiscalía no ha logrado concretar los hechos con la participación de sus defendidos.

El abogado Luis Servellón consideró complicadas las conclusiones de la Fiscalía “porque lejos de hacer énfasis en cómo quieren que se valore la prueba, viene a hacer más grande el caso y empiezan a narrar casos de personas que tienen antecedentes penales”. “No pueden estar tomando antecedentes policiales ni penales de algunas personas, están utilizando algunas teoría trilladas como que si no logro convencer, por lo menos confundo”.

El abogado Carlos Meléndez puntualizó que la Fiscalía busca comprobar el tráfico ilícito a través de los audios.
“Sin embargo no podemos olvidar que las escuchas telefónicas es considerada como prueba documental en el proceso y para que el juez le de valor a una prueba documental deben existir pruebas corroborante, periféricas y coadyuvante para los hechos que Fiscalía quiere tratar y en ese sentido no lo hay”, explicó Meléndez.

Agregó que “los audios que se han escuchado no tienen análisis interpretativos de lenguaje que ahí se vierte, es decir ¿qué es camarón, que es queso, crema, bloques, ladrillos? y la Ley de las escuchas telefónicas exige la interpretación de ese tipo de lenguaje que no es común porque no podemos determinar a qué se refieren con 5 libras de camarón, o ahí te mando el camarón, la crema o el queso; el juez debe valorar eso y por eso yo he pedido una sentencia de carácter absolutoria para mis defendios”, sostuvo el abogado Meléndez que defiende a ocho imputados en este proceso, dos de ellos son policías.

La investigación fiscal para llegar a 29 imputados comenzó en 2016 con dos compras de droga controladas el 21 y 29 de junio, como eran los mismos involucrados, Fiscalía solicitó la autorización judicial para la intervención telefónica de los sospechosos que ayudó a verificar como operaban estas estructuras a nivel nacional e internacionalmente.

El propósito del trasiego de droga de estas estructuras no era llevarla a los Estados Unidos sino abastecer los mercados locales de El Salvador, Guatemala y México, aunque habían contactos para compras de 15 kilos en adelante, con lo que se suele trasegar con destino a Estados Unidos.

 

¿Cuáles son los delitos?

  • Delito de tráfico de droga: la pena oscila de 10 a 15 años.

  • Actos preparatorios: pena máxima 3 años.

  • Proposiciones y conspiraciones en asociaciones ilícitas: pena máxima 2 años

  • Cohecho o soborno : pena máxima 3 años.


 

¿Quiénes son los líderes?

  • Luis Alexander Cruz Lorenzana

  • Roberto Carlos Portillo Montés (prófugo)

  • Miguel Ernesto Jovel Ayala (conecta todas las estructuras a nivel nacional e internacional).