La atroz masacre jesuita ocurrió la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en la residencia de los sacerdotes en la UCA. Archivo DEM.
El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró que tramitarán un suplicatorio a España para recibir una copia certificada de la sentencia emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, de la Audiencia Nacional Española, que hoy condenó a 133 años de cárcel al excoronel salvadoreño, Orlando Inocente Montano, por la masacre jesuita de 1989.
Genera un paso histórico e importante para que nosotros podamos obtener más información ¿qué es lo que procede ahora? Vamos a tramitar un suplicatorio a España porque en ese proceso se da a conocer información nueva". Raúl Melara, fiscal general de la República.
Melara dijo hoy que el proceso penal ventilado en España se presentaron testigos que no tenían.
Uno de los testigos importantes de este proceso penal fue el exteniente René Yushy Mendoza quien confirmó que la masacre fue ordenada por el Alto Mando de la Fuerza Armada salvadoreña y también los testimonios de Lucía de Cerna y Jorge Cerna, que confirmaron haber visto soldados, saliendo de la Unviersidad Centroamericana José Simeón Cañas, la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
El fiscal Melara también recordó que hay avances en las investigaciones de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el conflicto armado, como la del masacre de El Mozote, donde el juez Jorge Guzmán ordenó inspecciones en archivos militares.
Lo importante es que la fiscalía no ha dejado de actuar son procesos que están en marcha". Raúl Melara, fiscal general de la República.
El caso jesuita fue reabierto en el Juzgado Tercero de Paz en 2017 y ratificado en 2018 por una cámara superior, pero desde entonces no ha habido avances.
Este 11 de septiembre del 2020, la Audiencia Nacional Española condenó a 133 años de cárcel al excoronel Inocente Montano, declarándolo autor de la masacre. Montano fue el único procesado en el juicio, luego que en 2012 y 20015, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña negara la extradición de un listado de militares solicitados por España.
La corte española dio total credibilidad a los testigos presentados por la fiscalía y la acusación particular, confirmando que la masacre fue planificada y ejecutada por militares, configurándose un delito de terrorismo de Estado, auspiciado por la cúpula más alta de poder en ese momento: la presidencia de la República y el Alto Mando militar.
España condenó al exmilitar salvadoreño solo por el asesinato de los cinco sacerdotes jesuitas y no incluyó a los salvadoreños Joaquín López y López, Elba Ramos y Celina Ramos, debido a que la solicitud de extradición de Montano a Estados Unidos solo era por las víctimas españolas.