Rice aseguró este jueves que hay “progreso” de las discusiones virtuales que iniciaron con El Salvador en abril pasado para la revisión del Artículo IV, que se consideraba la antesala para que el Gobierno salvadoreño lograra un programa de asistencia financiera por hasta $1,300 millones.
“El desarrollo desde entonces requiere cierta recalibración de políticas para asegurar el crecimiento inclusivo, la sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera”, indicó Rice en una conferencia.
Esta no es la primera vez que el FMI hace énfasis en las políticas clave para un programa de financiamiento con El Salvador, ya en septiembre pasado, mes en que el Gobierno esperaba tener firmado el acuerdo, el Fondo señaló que tanto la gobernanza económica, la transparencia fiscal y las medidas anticorrupción son clave para la revisión del Artículo IV y “discusiones” para una asistencia financiera.
El funcionario del Fondo adelantó que las autoridades de la misión técnica del FMI han acordado completar la consulta del Artículo IV en diciembre próximo. “Eso dará tiempo para preparar la evaluación”, agregó.
El Artículo IV es una consulta periódica que realiza el FMI a todos los países signatarios de los acuerdos del Fondo sobre los resultados macroeconómicos y fiscales; sin embargo, los economistas advierten que las pláticas sostenidas en el marco de esta revisión no deben considerarse como una negociación para un programa pues siempre se tienen, aunque no haya asistencia financiera.
Altos y bajos en la negociación.
Desde octubre de 2020, se conocía que el Ministerio de Hacienda se comprometió con los inversionistas a un programa con el FMI, que se impulsaría después de las elecciones legislativas y municipales de febrero pasado.
| En abril pasado se inició una consulta al Artículo IV, pero ni el FMI ni el Gobierno confirmaron los resultados. El Ministerio de Hacienda aseguró que el acuerdo podría estar listo en septiembre. |
En marzo, Hacienda confirmó las negociaciones para una asistencia financiera de hasta $1,300 millones a través de un esquema de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés). El proceso para firmar el programa se encontraba avanzado, pero se deterioró cuando la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.
El programa tampoco avanzó cuando se aprobó la Ley Bitcoin en junio pasado, pues no se encontraba dentro de las modulaciones ni proyecciones del FMI para firmar el acuerdo. En ese momento, el Fondo advirtió que la adopción de la criptomoneda suponía problemas macroeconómicos, financieros y legales para El Salvador.
La incertidumbre de no alcanzar un acuerdo ocasionó que los bonos salvadoreños desplomaran su precio a su peor desempeño de la última década, ante el temor que, sin el apoyo del FMI, el país no pueda cumplir sus compromisos de deuda y el pago de $800 millones en bonos para enero de 2023.
¿Qué implica un acuerdo con el FMI?
El Salvador busca un SAF con el FMI por hasta $1,300 millones, un programa diseñado para ayudar a los países que enfrentan graves problemas de finanzas públicas.
- Ajuste: se conoció que el Gobierno propuso un ajuste fiscal del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para reducir el alto nivel de deuda.
- ¿Cómo? Dos puntos serían por reducciones del gasto y otros dos por ingresos, en parte, por nuevos impuestos y mejora tributaria.
- Menor riesgo: los inversionistas interpretan que el FMI respalda las medidas para ordenar las finanzas y hay financiamiento.