La normativa fue aprobada el 15 de diciembre de 2017 y su vigencia inicia un año después de su publicación en el Diario Oficial, es decir, se aplicará desde el 13 de febrero de 2019.
La petición fue una iniciativa de ley de GANA, que acompañó la solicitud de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), que señala que las “máximas autoridades” de la administración pública “no han difundido ni capacitado al personal” sobre la Ley de Procedimientos Administrativos. “Si no se toman las medidas de promoción, capacitación y divulgación, no será aplicable en las instancias del Estado”, dice.
La ley otorga indemnización a los particulares por parte de la administración pública si sufren lesión a sus bienes y sus derechos por el mal funcionamiento de la administración pública.