Ante el primer intento de la CCR de auditar específicamente ese gasto, el 22 de junio de 2018, la Presidencia de la República calificó de “secreto de Estado” el uso de los fondos para frenar los intentos de los auditores de conocer los detalles de ese rubro del gasto.
La Presidencia de la República mandó a la CCR el 19 de julio del año pasado una carta de dos páginas en donde presentó argumentos jurídicos contra la auditoría de esos fondos. Uno de los argumentos fue que el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) advirtió que los fondos están regulados por el “secreto de Estado”.
“Adjunto el informe que en relación a solicitud en mención me ha trasladado el señor jefe del Organismo de Inteligencia del Estado, en esta misma fecha (19 de julio de 2018), en el cual expresa las razones de orden constitucional y legal que regulan el ‘secreto de Estado’ y las consecuencias penales derivadas de su violación”, dice la carta de la Presidencia a la CCR, enviada el 20 de julio a las 11:30 de la mañana en la oficina de Coordinación General Administrativa.
El actual secretario privado de la Presidencia, Manuel Melgar, aseguró a El Mundo que el director de Inteligencia del Estado solo puede informar del uso de fondos reservados al Presidente de la República y no a otra institución.
Se defendió en el artículo 8 de la Ley de Organismo de Inteligencia del Estado, que expresa: “Todos los asuntos, actividades, documentación sobre los cuales conozca y produzca el Organismo de Inteligencia del Estado, serán considerados clasificados, cuyo manejo corresponderá al Presidente de la República”.
El 20 de julio, Melgar pidió en una carta a la Corte de Cuentas “posponer y postergar” el inicio de las diligencias.
Advertencia
Tres días después, la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia dijo se dirigió al equipo de auditores en una carta en donde les advirtieron que el examen especial que pretendían hacer podría tener “efectos penales”.
“La forma y alcances de la diligencia refleja en el respectivo plan de trabajo, cuya inobservancia eventualmente conlleva efectos penales, tal como lo hace ver el director de Inteligencia del Estado”, dice la misiva firmada por Carlos Ernesto Guerrero Ventura, jefe financiero interino de Casa Presidencial.
Los fondos reservados son auditables, según la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 25 de agosto de 2010 que indicó que las partidas secretas estarán “siempre sujetas a fiscalización, control y rendición de cuentas”.
La Corte de Cuentas informó el 22 de junio de 2018 a la Presidencia de la República que iba realizar Examen Especial a los gastos reservados de la Presidencia de la República por el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2014, periodo del expresidente de la República, Mauricio Funes, el primer presidente del FMLN.
También, informó que realizaría el Examen Especial a los gastos reservados de la Presidencia de la República del periodo 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2018, gestión de Sánchez Cerén.
En marzo de 2017, la CCR informó por medio de la Oficina de Acceso a la Información Pública que no tenía entre sus auditorías y exámenes especiales expedientes relacionados con gastos reservados.
La Presidencia de la República dijo a la CCR que, a su juicio, los gastos reservados de 2013 a 2016 ya habían sido auditados en exámenes especiales a la ejecución presupuestaria de Presidencia y que era “parte de la ejecución del presupuesto auditado y aprobado” mediante “finiquitos” dados a servidores públicos.
