El ministro de Agricultura, Orestes Ortez, presentó ayer el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa que pretende condonar el 90 % de la deuda agraria con el ISTA./ Capres
El Gobierno salvadoreño entregó ayer un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que propone condonar el 90 % de la deuda que 30,000 personas adquirieron con el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y los extintos Instituto de Colonización Rural, Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (Finata) y Banco de Tierras.
El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Orestes Ortez, y la presidenta del ISTA, Carla Alvanés, entregaron una pieza de correspondencia con el proyecto de la Ley Especial para Facilitar la Cancelación de la Deuda Agraria.
Con este cuerpo legal, el Ejecutivo pretende que se implemente un mecanismo de pronto pago, en donde los beneficiarios pagarían solo el 10 % del saldo e intereses de la deuda contraída y el restante 90 % sería condonado, explicó Ortez.
La ley especial, de aprobarse, cubriría a los adjudicatarios de tierras y los beneficiarios de la reforma agraria, que rondan los 30,000 y tienen saldos pendientes de $48 millones con el ISTA.
Estos beneficios no cubrirían los inmuebles con vocación turística, recreativa y “todos aquellos excluidos del proceso de reforma agraria”. Tampoco se incluyen los inmuebles “cuya transferencia ha sido requerida por instituciones gubernamentales o municipales”.
La condonación de la deuda también agilizaría la entrega de escrituras de propiedad, proceso que, aseguró el ministro Ortez, se ha frenado por la falta de facilidades de pago. Hasta la fecha, dijo, hay cerca de 1,500 escrituras que no han podido entregarse mientras no se honren las deudas pendientes.
Propone techos
El anteproyecto establece techos para las deudas que se condonarán, dependiendo del tipo de beneficiario. No obstante, para todos se propone que dejen de pagar el 90 % del saldo pendiente.
Las asociaciones cooperativas agropecuarias de la reforma agraria y las asociaciones comunales y comunitarias y campesinas se acogerían a este beneficio por deudas de hasta $65,000.
Un techo de $25,000 se propone para las personas naturales adjudicatarias individuales de solares de vivienda en los programas de Solidaridad Rural y de Campesinos sin Tierra, que adquirieron estos inmuebles a través de la Ley de Transferencia Voluntaria de Tierras con Vocación Agropecuaria. Para las personas jurídicas que adquirieron sus inmuebles a través de conformidad a esta misma ley, se propone un techo de $75,000.
Igual monto se solicita para los adjudicatarios de tierras provenientes de los inmuebles que el ISTA adquirió con la Ley Especial para la Afectación y Destino de las Tierras Rústicas Excedentes de las 245 Hectáreas (este es el límite de tenencia de tierra en El Salvador), así como a través de la Ley del Régimen especial de la Tierra en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y Beneficiarios de la Reforma Agraria.