Estos antecedentes nos muestran que en tiempos de crisis, como la actual pandemia, resulta indispensable que el aparato estatal refuerce sus prácticas de rendición de cuentas y transparencia, ya que la respuesta fiscal es urgente, pues permite no solo atacar la crisis sanitaria, sino también mitigar sus impactos económicos y sociales; sin embargo, también es necesario, tal y como lo advirtió el Fondo Monetario Internacional en abril de 2020, que los gobiernos «guarden los recibos» de todos los recursos utilizados durante la emergencia.
Sobre esta materia trata el informe: «Gestión de los fondos COVID. La brecha de la rendición de cuentas», recientemente publicado por la International Budget Partnership (IBP). El informe hace una evaluación de las prácticas de transparencia, vigilancia y participación en las respuestas fiscales ante la pandemia de 120 países. El principal hallazgo de la investigación es que la gestión fiscal de los gobiernos no ha sido ni transparente, ni responsable. Más de dos tercios de los gobiernos analizados solo presentan niveles mínimos o, como en el caso de El Salvador, niveles limitados de rendición de cuentas de los fondos públicos destinados a la atención de la pandemia.
La urgencia de las intervenciones fiscales ha sido utilizada por muchos gobiernos para eludir los controles de los órganos contralores y de las legislaturas, relajar los procedimientos y controles de las compras y adquisiciones, y reducir los espacios de participación ciudadana. En conjunto, esto limita, cuando no anula, los espacios de rendición de cuentas y amplía potenciales espacios para la corrupción.
La falta de rendición de cuentas restringe las posibilidades de evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas implementadas por los gobiernos como respuesta al COVID-19, no solo en materia presupuestaria, sino también su efectividad e impactos, en especial en los grupos más afectados y vulnerables ante la pandemia: las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las personas adultas mayores y las personas que viven en la pobreza.
El informe de IBP también logra identificar buenas prácticas a nivel internacional que pueden contribuir a mejorar la rendición de cuentas en tiempos de crisis: informes detallados de la implementación de recursos, auditorías oportunas, implementación del enfoque de género en las respuestas de política pública, disposiciones legales para garantizar el reporte de información, implementación de páginas o portales web donde se publica información general de las respuestas ante la pandemia, entre otras.
En el caso de El Salvador, el informe destaca la creación del «Comité́ de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica» como una buena práctica que permite fortalecer la rendición de cuentas. El Comité, por decreto legislativo, está conformado por organizaciones de la sociedad civil y centros académicos; tiene el mandato de ejercer una tutela de la transparencia y de seguimiento en la administración y ejecución de los recursos que conforman el Fondo para la atención de la pandemia.
El trabajo de IBP nos recuerda la necesidad de que todos los gobiernos, incluidos el salvadoreño, continúen trabajando en fortalecer sus prácticas de transparencia y rendición de cuentas, es decir: es necesario que guarden los recibos de todos los gastos que se están realizando, pero también es importante que la ciudadanía pueda conocerlos.
Ser transparente y rendir cuentas ante la ciudadanía no debería percibirse como una carga innecesaria, un ataque o un obstáculo para la respuesta del Estado. Por el contrario, estas prácticas dotan de legitimidad, integralidad y efectividad a la respuesta pública ante la pandemia. Ojalá en El Salvador empecemos a ser más conscientes de ello.