La semana pasada fuimos testigos de una gran farsa, de un teatro montado y malogrado en la Asamblea Legislativa, del ejercicio de un cinismo y desvergüenza antidemocrática sin límites, en fin de un nivel superior de hipocresía legislativa. Se sacaron -literalmente hablando- una ley “de la manga de la camisa” a la que llamaron inapropiada e inmerecidamente “Ley de Reconciliación”. Y digo que se la sacaron de la manga de la camisa, porque el contenido de la misma no fue conocido por todos los grupos legislativos y la sociedad civil, sino casi que al momento en que fue aprobada, haciéndolo de espaldas a los principales protagonistas de esta historia: las víctimas.

Si bien es cierto ese adefesio legal fue aprobado con una pírrica mayoría de 44 votos, todos ellos de la vieja y rancia derecha legislativa -Arena, PCN y PDC-, quienes parece que eran los principales interesados en aprobar una ley de impunidad más que de otra cosa, y de regalársela a aquellos criminales de guerra y genocidas de las fuerzas armadas que todavía puedan estar vivos, ello podría hacernos pensar que el FMLN se puso de lado de las víctimas al no votar por ella. Nada más falso y alejado de la realidad. La convocatoria a sesión plenaria extraordinaria por parte del Presidente de la Asamblea -PCN-, se dio porque precisamente creían tener ya los votos para aprobarla, y no sólo los de la vieja derecha, sino también los del Frente, quienes hasta ese momento apoyaban o al menos se sentían cómodos con esa versión de la Ley, pues a ellos mismos les beneficiaba, a esa camándula de viejos excomandantes aún con vida -y de muchas formas aún en el control fáctico partidario- que sin lugar a dudas caerían dentro de la categoría de criminales de guerra y/o genocidas. Sí, es cierto, no es la misma cuantía que los de la fuerza armada -quien actuaba bajo el velo de la “oficialidad” del Estado-, pero sí varios de estos excomandantes guerrilleros podrían caer en dicha categoría.

Y para muestra un botón: No votaron a favor de la Ley pero no votaron en contra, ni siquiera se abstuvieron, simplemente no votaron, estaban como ausentes, como inexistentes, como en un no ser ni estar. Si tanto era el rechazo a ese adefesio de ley que se aprobó, podían expresarse votando en contra, o al menos absteniéndose, pero ni eso, simplemente no votaron. Y uno se pregunta ¿Por qué no votaron a favor de una ley que ellos consideran que les beneficia a muchos de ellos? Simple, por la enorme presión que se les generó por parte de las asociaciones de defensa de los derechos de las víctimas, y que la gran mayoría de ellas, pertenecen o al menos son percibidas por la cúpula del Frente como muy cercanas o afines con la cada vez más exigua y minúscula base social que aún le pueda quedar al Frente, y en los actuales y calamitosos estados en que se encuentran de desprestigio y repudio social, no se atrevieron a “echárselos encima”, apoyando dicho adefesio. Sólo este análisis y de esta forma nos sirve para entender la forma de no votación de frente: Pura hipocresía legislativa.

Sólo necesitamos hacer un pequeño ejercicio de memoria legislativa para corroborar lo que acabamos de concluir: el año pasado y ya casi la última semana de mayo y de la presidencia de Sánchez Cerén, salieron corriendo todas las fuerzas legislativas, incluyendo el FMLN, a querer aprobar una ley “express” también de impunidad, para que una vez aprobada, mandarla a la carrera a Capres y que el Presidente la firmara -él mismo podría caer en una categoría de criminal de guerra por cierto- y así lograr concretar la impunidad ¿Se recuerdan?, y fue sólo la tremenda presión social que se les vino, especialmente al Frente, la que hizo que recularan y no votaran por ella. ¿Qué la postura de conveniencia sobre una ley de impunidad en el FMLN ha cambiado? Para nada, pura cálculo político e hipocresía legislativa.

Los que sabemos de Derecho Internacional damos por sentada la siguiente verdad: “Los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes contra la humanidad, confieren jurisdicción universal para su procesamiento, no pueden ser perdonados por ley nacional alguna ¡Y no prescriben jamás, jamás! Cualquier ejercicio legislativo que se haga que en la práctica evite esta inexorable conclusión, no sólo es contraria al Derecho internacional, no sólo es un insulto a las víctimas, sino que además es pura hipocresía legislativa.