La comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa iniciará hoy a las 10:00 de la mañana la discusión de al menos ocho proyectos de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), que fue reformada en septiembre de 2017.

Las últimas modificaciones al sistema previsional surgieron durante la crisis fiscal y el impago selectivo en que cayó el segundo Gobierno del FMLN. La principal crítica a las reformas previsionales fue que el ahorro en la cuenta individual disminuyó, aunque el resto se destina a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que absorbe el 2 % de las cotizaciones y que sirve para pagar las pensiones mínimas vitalicias a los jubilados con ahorros agotados.

El pasado 25 de febrero, el diputado Numan Salgado, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), propuso reducir del 1.9 % al 1.4 % la comisión que se destina a dos cosas: pago a Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y contrato del seguro de invalidez y sobrevivencia.

El 22 de enero, el diputado Juan José Martel, del Cambio Democrático (CD), propuso un anteproyecto presentado por la organización “Vamos por una pensión digna” para bajar la comisión por administración y seguros del 1.9 % al 1 % de la cotización.

El 28 de febrero, varios diputados del PCN presentaron una propuesta que, al igual que la de Salgado, pide disminuir al 1.4 % la comisión y el pago del contrato de seguro.

La propuesta de Salgado mantiene el 2 % de aporte para la CGS y la del PCN propone que este aporte disminuya al 1 % de la cotización.

De acuerdo a la reforma de 2017, el aporte a la CGS recibe cinco puntos de los 15 de cotización, es decir, 5 % del ingreso base de cotización; y disminuye levemente hasta llegar a 2 % en 2050. Según la ley esta cuenta recibirá a partir de 2020 hasta 2.5 % del presupuesto para pensiones mínimas si la cuenta solidaria es insuficiente. También recibe una cotización de los optados según su pensión.

La propuesta del PCN pide reformar el artículo 122 para que el Salario Básico Regulador se calcule con base al promedio mensual del ingreso base de cotización de los últimos 36 meses y no 120 meses como establece la ley vigente, con el fin de elevar la pensión al momento de jubilación.

El 6 de marzo, el FMLN presentó una propuesta tras argumentar que el artículo 14 de la ley tiene un vacío porque en periodos de maternidad o incapacidad, el empleado sí está obligado a cotizar su 7.25 % mensual, pero no dice nada respecto al empleador.

El FMLN sugirió aclarar que el patrono también está en la obligación de aportar su 7.75 % mensual, aunque el empleado esté con incapacidad o licencia por maternidad.

El 24 de septiembre, el FMLN también dio iniciativa de ley a un anteproyecto de organizaciones de la sociedad civil en el que piden la nacionalización de las pensiones. La propuesta plantea que los cotizantes activos y jubilados de este sistema pasen al régimen nacional de pensiones. Además, obliga a los empleados públicos y también privados a afiliarse a este sistema nacional.

 

Devoluciones

Una de las propuestas dominantes de los diputados es que se permita la devolución de saldos de los jubilados en ciertas condiciones. El 16 de octubre, la diputada Eileen Romero, del PCN, presentó su propuesta para que un cotizante pueda retirar de una vez o en varios depósitos el 100% de su cotización si su pensión “no es igual o superior al salario mínimo del sector comercio vigente o que el monto de la pensión mensual a recibir no satisfaga al afiliado”.

El pasado 6 de noviembre, el diputado Francisco Zablah, de Gana, presentó una iniciativa similar que permite que el cotizante retire total o parcialmente el monto ahorrado.

La propuesta plantea causales para la devolución, como el desempleo, problemas de salud o emergencias económicas del cotizante.

Este 15 de noviembre, ingresó a la Asamblea Legislativa el último proyecto de ley de reforma previo a la reunión que sostendrá hoy la comisión ad hoc de la Asamblea.

Al igual que la propuesta de Romero y Zablah, el diputado no partidario Leonardo Bonilla y la diputada Milena Mayorga de Arena propusieron que las AFP devuelvan, previa solicitud, los fondos cotizados cuando el afiliado pierda el empleo, migre o por enfermedad terminal de un familiar cercano. Las reformas de 2017 permiten que el afiliado retire hasta 25 % de ahorros como anticipo pero solo puede ser solicitado si tiene no menos de 10 años de cotizar, y debe retornar el monto.