El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó al oficial de acceso a la información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en 10 días entreguen versiones públicas de los informes elaborados por la Sección de Probidad sobre presunto enriquecimiento ilícito de los casos resueltos durante 2018.
El IAIP señala que deberá restringirse información propia de la vida privada de sus titulares que solo atañen a ellos, como DUI, NIT, número de cuentas bancarias, cuotas alimenticias; pero no se debe restringir “la información relacionada con el sustento fáctico y jurídico que plasmó la sección de probidad en cada informe”.
El argumento del IAIP fue que la reserva de los informes de probidad transgrede el derecho humano de acceso a la información pública.
Sin embargo, el IAIP señala que la Corte debe excluir casos en los que no haya una decisión definitiva y que también debe emitir “una declaratoria de reserva” conforme al artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y los parámetros de la resolución.
De acuerdo a un documento oficial de la CSJ, obtenido a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, los casos depurados de la Sección de Probidad de 2018 son: Carlos Rivas Zamora, exalcalde de San Salvador; Carlos Cáceres Flores, expresidente del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral Eduardo Urquilla, el exconsejal de la Judicatura Jorge Alfonso Quinteros, el exmagistrado Domingo Méndez, el exconsejal Luis Enrique Campos, el exsecretario para asuntos legislativos y jurídicos Luis Mario Rodríguez, el exalcalde Nayib Bukele, el exdiputado propietario Salomé Roberto Alvarado, el expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura y el exdiputado suplente Víctor Manuel Melgar González.